Estado neoliberal, autoritario y sin derechos: una constitución en construcción

Artículo económico-político de una trilogía sobre la reforma constitucional. Hay dos artículos más en el blog con perspectiva histórico-política y jurídico-política. Además, puedes consultar el texto y escuchar el audio en esta otra entrada.

Siempre se ha considerado que la limitación inflexible del déficit público es una medida neoliberal. Es una medida asociada en la realidad a la disminución de los impuestos progresivos (renta, patrimonio, sucesiones), a la pereza estatal en la persecución del fraude fiscal de las grandes empresas, que están detrás las presiones a los gobiernos para que cedan y detrás de los medios de comunicación para que los ciudadanos estén distraídos mientras le roban la salud, la educación, el techo, …

El descenso de los ingresos por la vía del perdón de impuestos a las rentas más altas dificulta obviamente el trabajo de un gobierno a la hora de prestar buenos servicios a su pueblo o o de mejorar en la integración social. Hubo una década en la que había reformas fiscales (Solchaga, Rato, Solbes) regresivas, altas tasas de fraude y evasión fiscal, en la que no se notó el problema porque un superendeudamiento privado sostenía una actividad económica (construcción y especulación con los precios de la vivienda) envidiada por todos los países y la recaudación (con impuestos bajos a ricos y fraude) era alta. Pero esa década no podía durar eternamente, ya quince-dieciséis años transgredían normas de las matemáticas, pues las tensiones de la expansión del crédito privado provocarían una explosión cuando la bola de nieve no se mantuviese esférica y los crédito más arriesgados fuesen impagados.

Si los ingresos han disminuido porque los ricos no contribuyen, el endeudamiento privado ya no puede sostener la actividad económica y generar recaudación, la sociedad precisa de una inyección de inversión pública que exige acometer grandes gastos… el desequilibrio financiero público brilla como la codicia insaciable de quienes adivinan la oportunidad. La sociedad necesita la intervención estimuladora del Estado y el Estado sólo tiene la fórmula de incurrir en déficit, pues los ricos y las empresas no quieren compartir las migajas de su lujo con impuestos. El déficit es la única fórmula, en esta teoría en la que no escapamos de la exigencia del crecimiento económico, que se le ofrece a los gobiernos sin política monetaria ni tributaria para mantener servicios y para relanzar la economía. A veces los gobiernos con sus ideologías ya se autolimitan y no se atreven a cometer déficits financieros, acuciados también por medios, «mercados» e instituciones.

La reforma constitucional anunciada hoy supone obligar que el consenso del bipartidismo obliga en el futuro a todos los legisladores que hagan los presupuestos, los gobiernos que los propongan, los gobiernos que los ejecuten a no hacer déficits de ninguna forma, haya posibilidades de endeudamiento o no, haya necesidad de déficit o no. Un corsé que impedirá a los gobiernos sin recursos tributarios o monetarios el estímulo de sus economías famélicas. Para quitarse esta camisa de fuerza un partido de igualdad y justicia social debería encender a una gran mayoría del pueblo, capaz de derribar los muros de esta prisión asfixiante. Todos sabemos lo difícil que es conseguir ese despertar tan extenso.

El monstruo que promueve este principio y la grabación del valor en la Constitución, podría igualmente promocionar la constitucionalización de que los impuestos sólo los paguen las personas físicas con rentas menores a 50.000 euros o con consumos que no sean de lujo. Sería otro principio muy necesario para la instauración de un neoliberalismo inflexible y de largo recorrido. Por supuesto, si se aprueba la eliminación de cualquier impuesto a ricos y grandes empresas no será precisa la constitucionalización del derecho de trasladar los dineros a paraísos fiscales. Se cumpliría mi profecía de que el cielo es sólo para los ricos.

Otros principios fundamentales en la constitucionalización del neoliberalismo sería la privatización total de cualquier empresa en manos de las instituciones públicas y cualquier servicio público (nos han insistido sufientemente en la ineficiencia de la gestión pública como para convencernos y nos han explicado perfectamente que si las (mal)vendemos podremos disminuir la deuda pública). El sueño capitalista de que la salud y la educación se conviertan en una mercancía, se vería al fin cumplido. Un estado mínimo en el que no los ricos no tengan que pagar impuestos y en el que el estado no compite con los carroñeros en la dispensa de servicios.

La libertad del movimiento de capitales también debería estar constitucionalizada, no sea que alguna vez a algún estado se le ocurra impedir que su deuda pública o los valores de sus empresas estratégicas caigan en manos de indeseables especuladores, que no vienen tranquilamente a obtener la rentabilidad que ofrezca la acción, la letra, el bono o la obligación, sino a comprar-vender-vender-comprar compulsivamente para sacar tajada.

Pero en la constitucionalización del neoliberalismo hay que profundizar en la no representatividad en la ley electoral y la penalización de las voces disensuales, en el bipartidismo político que se opone al pluralismo y a cualquier tentación social de elegir una opción antineoliberal, en la estigmatización de voces críticas y en la ilegalización de partidos críticos con el sistema, en la represión del derecho de manifestación, en la conversión de los medios de comunicación en medios de embobamiento, en la eliminación del habeas corpus para que la detención intimidatoria sea un arma eficaz, en la negativa de promover referendos desde la sociedad cuya voz a nadie importa, en el mantenimiento de la monarquía florero, … Una sociedad con una democracia raquítica con pronóstico de mayor degradación… con tendencias a un dictadura blanda que puede endurecerse con el transcurrir del tiempo. Canataba Silvio Rodríguez que «hacia el porvenir partieron sombras», pero también han partido las luces que pueden encender el futuro…

Post data: La campaña principal de la oposición es la recogida de firmas en Actuable.

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