Detenciones ilegales en épocas de conflicto social

Posted on agosto 21, 2011

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Introducción.

Con la crisis, las contradicciones del sistema social, económico y político han quedado al descubierto. Sin el velo de la burbuja que las ocultaba, muchas personas las han percibido nítidamente. Esa conciencia de las deficiencias ha promovido una necesidad de salir a la calle a mostrar el descontento. El 15 de mayo muchas personas salimos sin una certidumbre de que la calle se iba a convertir a partir de esa fecha en la principal institución de la democratización, a través de la participación.

Personas que descubren ahora la oportunidad de la movilización y personas movilizadas desde hace mucho tiempo o siempre. Entre todos llevamos la llama de la esperanza de que el encuentro cale muy hondo en la sociedad y dure mucho en el tiempo, hasta que la sociedad recupere la cordura e instale un sistema de convivencia con espacio para todos.

El retorno líquido de la reivindicación a las calles provoca el temor creciente de quienes se habían acostumbrado a construir una atrocidad social y entre los pueblos con la indiferencia general o el silencio permisivo. En los comienzos de las manifestaciones y acampadas hubo tolerancia en un ambiente social atónito, en el que algunas voces que nunca clamaron por el escándalo social de la pobreza, la injusticia, la desilgualdad, la impudicia… ya exigían mano dura con los hijos de la ira razonable.

En una segunda fase, en Barcelona y en otros sitios empezaron a verse la reacciones violentas de la policía, como brazo ejecutor del poder político, muy condicionado por los intereses económicos. Los sucesos de este mes en Madrid con el estado de excepción no declarado y la actuación frente a la marcha laica han supuesto la generalización de una estrategia que empezó siendo episódica.

Después de la campaña en redes y en algunos medios nacionales e internacionales, el equipo del candidato del partido que gobierna empieza a reconocer los abusos policiales. Se comprometen a investigar; veremos a dónde llegan esos compromisos de investigación. Hasta ahora no hay sanciones para ninguna agresión policial ni asunción de responsabilidad de los ordenantes de disoluciones que no se podían disolver en Derecho o de la suspensión del derecho de circular libremente por Sol.

Las detenciones.

En este contexto hostil hacia la protesta he compartido conocimientos jurídicos de utilidad para situaciones así. Se abordó el derecho de manifestación. También se ha estudiado la identificación policial con petición de su mejora para reducir la sensación de impunidad de agresores y facilitar la denuncia de agredidos. Leyendo algunas crónicas (amqrStéphane M GruessoEsther L. Barceló, un profesor de secundaria, el periodista agredido) de la noche #17A de las agresiones, retenciones de personas y periodistas, detenciones he sentido lástima e indignación. Me he puesto a escribir esta entrada sobre las detenciones.

La detención es una privación del derecho de moverse libremente, del artículo 17 de la Constitución. Su principal desarrollo se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La privación de libertad es una situación bastante desagradable. Solo razones de salud pública, seguridad ciudadana o persecución de un delito justifican en Derecho una detención. En los casos de persecución del delito, la detención la pueden hacer los particulares y los agentes de la policía, en el segundo caso es una obligación profesional. Pero para su legalidad tienen que cumplir dos presupuestos: que la persona haya cometido evidentemente un delito grave y que se estime el riesgo de fuga.  Es muy difícil que el manifestante tipo cometa faltas o delitos (injurias, calumnias, atentados contra la autoridad, desorden público) y es casi imposible que cometa delitos graves. Además, el manifestante tipo tampoco presentará riesgo de fuga, con lo que sería suficiente con estar identificado para las citaciones posteriores.

En el relato de amqr leo una detención ilegal sin lugar a la duda. No se dan los dos presupuestos. En la narración no se aporta el dato de la duración, pero la detención ilegal no requiere un largo tiempo. Los hechos contados son vergonzosos, pues nos describe una acción policial delictiva, algo que provoca enorme indignación a los ciudadanos con un concepto democrático de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Parece El Proceso de Kafka. Es la misma sensación que nos producen los vídeos en los que algunos policías responden a los gritos de protesta por su acción violenta con agresiones; ni las agresiones ni las detenciones intimidatorias pueden tolerarse.

Por el relato de Stéphane M Gruesso nos enteramos de la detención de dos chicas que participan normalmente en las Asambleas de Los Austrias.

Esa detención tuvo una duración de unas cuarenta horas. Contra lo ocurrido en este hecho, la Constitución establece que las detenciones sólo pueden durar el tiempo “estrictamtente necesario” para el esclarecimiento de los hechos. Teniendo en cuenta el tipo de faltas y delitos de los que hablamos, el reconocimiento y la declaración no lleva más de unas horas. No es admisible el alargamiento intimidatorio de la situación de detención. No le doy importancia al límite máximo legal de setenta y dos horas, que no se puede superar de ninguna forma, porque en estos casos no me entra en la cabeza que una detención de ciudadanos en una manifestación pacífica y sin los presupuestos pueda extenderse más de unos minutos o unas horas.

Mientras la persona se encuentra detenida tiene varios derechos: a que le informen precisamente de sus derechos y del motivo de la detención (en el vídeo de la periodista retenida, que se une a continuación, se aprecia que no se informa), silencio y a no declarar, a un asistente si no habla castellano, comunicación a familiar otra persona (relevante para iniciar procesos de habeas corpus), abogado de confianza o de oficio, reconocimiento médico.

Da la sensación de que en las detenciones o retenciones que se han producido no se obedecen a nada de esto, ya que no han sido en realidad detenciones como medida cautelar para la persecución de un delito, sino privaciones ilegales de libertad para reprimir la protesta o como consecuencia de un carácter irascible y delictivo de algunos policías. Su modo operandis consiste en amedrentar a personas que sólo estaban ejerciendo su derecho de manifestarse y soltarlas cuando ya se han dado el gusto de saborear su autoridad, mal usada.

Los compromisos, posiblemente para quedar bien ante la sociedad que se indigna ante las imágenes, vacíos de los responsables del Gobierno para investigar las agresiones no me parecen de fiar. La defensa de las personas y del movimiento social contra estas agresiones y detenciones ilegales debería ser la denuncia ante los juzgados de instrucción. Para ello, hay que procurar acumular el máximo número de pruebas (placas policiales (recuerdo la petición de mejora de la identificación policial, pues la placa se ha demostrado insuficiente), matrículas, grabaciones, testigos, reconocimientos médicos).

Conviene que mucha gente sepa que nos han detenido. Una forma de defensa en detenciones que se alarguen más de la cuenta es la petición del habeas corpus, proceso especial para rectificar detenciones ilegales. Aunque lo pueda pedir el detenido, normalmente un familiar podrá poner en conocimiento del juzgado de instrucción el hecho pidiendo su intervención, por eso es importante que muchas personas se enteren de la detención y de que se ejerza el derecho a comunicar la detención. Es una forma de defensa.

Quizá el movimiento social debería dotarse de equipos jurídicos y psicológicos de atención a “detenid@s” en cada manifestación. El relato de amqr evidencia lo que afecta en el ánimo el sometimiento a una acción de este tipo.

Es lamentable que tengamos que defendernos de la policía en un estado democrático y de derecho. Pero después de conocer lo ocurrido en estos tres meses y sobre todo en agosto, no habrá más remedio. Habrá que exigir responsabilidades políticas, pues muchas veces son las decisiones políticas las que crean un ambiente de tensión, que promueve este tipo de sucesos. María Dolores Carrión y Antonio Camacho deben dimitir.

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Posted in: Derecho, Política