Los orígenes de la sanidad privatizándose

Posted on febrero 8, 2013

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En otro artículo se trató la privatización de la sanidad, desde el punto de vista de la definición de lo que la sociedad siempre ha denominado como paciente. En verano se cambió el régimen de la gratuidad en la atención sanitaria, sobre todo para personas extranjeras sin permiso de residencia, en la mayor parte de los casos. También se aumentó la participación en el pago farmacéutico por parte de las personas que los necesiten. Son recientes también las privatizaciones en Cataluña y Madrid. En contra ha aparecido una reacción popular, una marea blanca muy sugerente.

Esta invasión de unos de los derechos sociales del Estado del Bienestar más valorados por la ciudadanía ha permitido al partido que protagonizó los recortes hasta hace unos catorce meses presentarse como el protector de la sanidad pública. Sin embargo, me temo que su pose no es creíble tampoco en este tema.

En lo que respecta a la evolución histórica, se considera que es muy importante la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, ya que abrió las puertas a las privatizaciones. En este artículo de copia y pega sólo quería introducir lo que manifestó cada grupo parlamentario en el debate final en el Congreso de Diputados. Es una ley con artículo único: ” 1. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho. En el marco de lo establecido por las leyes, corresponderá al Gobierno, mediante Real Decreto, y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas -en los ámbitos de sus respectivas competencias-, determinar las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de los centros y servicios mencionados. 2. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad. Por Coalición Canaria, el diputado Mauricio expresó lo siguiente: “En aquel debate había una discusión de fondo muy importante sobre si esta nueva forma de gestión indirecta abría la puerta a la privatización de áreas de sectores del Sistema Nacional de Salud”.

Recuerdo que el Grupo de Coalición Canaria, a través de su portavoz, intervino planteando que no nos hiciéramos prisioneros de las palabras, que buscáramos un consenso, que buscáramos la necesidad de defender el carácter público del Sistema Nacional de Salud, con las inevitables reformas para mejorar la gestión, que es, en definitiva, la mejor forma de defender ese carácter público que sin duda alguna es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar”.

Por el Partido Nacionalista Vasco, la señora Aguirre también dio su aprobación: “Como ya hemos repetido en otras ocasiones, la mayoría de los países de la OCDE están revisando la organización de sus sistemas de salud con el fin de adecuarlos a su entorno. Nosotros también tendremos que buscar un equilibrio entre las necesidades de salud, los recursos sanitarios y una creciente demanda de servicios”.

Como siempre, Convergencia i Unio fue más clara: “Estamos convencidos de que la reforma –que hoy, tras once años, vamos a aprobar– de las fórmulas de gestión de la Ley General de Sanidad tiene que ayudar a conseguir una mayor eficacia y eficiencia al servicio de la sanidad para todos los ciudadanos”.

Le correspondió a Izquierda Unida romper el consenso. Por su disenso en solitario pongo una larga cita de la señora Maestro:  “Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y siento de veras romper el coro autocomplaciente que se congratula de la pertinencia de las enmiendas del Senado y del texto en sí. Realmente, la soledad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya frente a este proyecto de ley, que es un proyecto de privatización de la gestión de la sanidad pública, no es una soledad deseada ni buscada. Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión. Este proyecto de ley es un calco de las medidas introducidas por Margaret Thatcher en Gran Bretaña en el año 1991, de lo que hay balance en estos momentos. Se ha conseguido algo que, de haberse producido a través de la gestión directa en la sanidad pública, habría que haber oído las voces escandalizadas en su contra. Se ha conseguido aumentar en dos años el gasto sanitario público en Gran Bretaña en un 1 por ciento del producto interior bruto; en dos años. Evidentemente, las voces no se alzan porque este incremento del gasto sanitario haya ido dirigido a incrementar personal o infraestructuras públicas, sino porque ha ido fundamentalmente a incrementar las ganancias de los proveedores privados y exactamente a doblar en cinco años los gastos administrativos del Servicio Nacional de Salud inglés. Esta es la maravilla que se aprueba esta mañana, que además ha tenido la virtud de introducir una simple palabra. Además de decir que los entes tienen que ser de titularidad pública, se ha añadido que pueden ser de «naturaleza» o titularidad pública. ¿Qué es jurídicamente, desde el punto de vista de la interpretación normativa, eso de naturaleza? Es imposible de saber. Expertos en Derecho administrativo lo califican de intangible. ¿A qué viene esa introducción de la palabrita «naturaleza»? Evidentemente, a abrir todavía mucho más las puertas del ya variado menú de posibilidades de gestión privada de la sanidad pública. Es decir, la naturaleza pública la tiene un aparcamiento público, al que se puede entrar, por ejemplo, pagando, porque no está reservado el derecho de admisión a quienes tengan título nobiliario. En estos momentos, señorías, fundaciones, consorcios, concesiones, entes, empresas, pueden gestionar la sanidad pública. Pero habrá que ver hasta dónde llega la capacidad de invención en la gestión, la capacidad de invención de la empresa privada para obtener beneficios privados de los Presupuestos Generales del Estado cuando mucho antes de estar aprobada esta ley, que va a estarlo definitivamente esta mañana, asistimos en el conjunto del Estado español, sin respaldo normativo alguno, a entes, empresas, fundaciones, consorcios y concesiones. Es decir, si sin ley había sido posible esta enorme dispersión de posibilidades en la gestión, ¿qué va a ser cuando la naturaleza, que es decir algo parecido a la inmortalidad del alma, se introduzca entre las posibilidades de gestión privada de la sanidad pública? Señorías, vamos a esperar a ver cuál es el dictamen de la Subcomisión. No obstante, tengo que decir que para Izquierda Unida el hecho de más gravedad de cuantos pudieran producirse tiene lugar exactamente esta mañana, con la aprobación de este proyecto de ley. El sistema sanitario público se fragmenta, el sistema sanitario público se desarticula. El espíritu de la Ley General de Sanidad es incompatible con este proyecto de ley. La planificación de las actividades sanitarias es incompatible con la gestión autónoma, con la gestión independiente y con criterios empresariales –es decir, de beneficio privado– de los hospitales públicos. Señorías, hay quien se va a beneficiar, evidentemente, como las empresas consultoras. Las auditorías que el Partido Popular anunciaba que iba a hacer en todos los hospitales públicos para ver dónde estaba el fraude, para ver dónde estaba la corrupción, están sirviendo para que los hospitales, uno tras otro, dejen de sacar a la luz problemas en su gestión o posibles soluciones desde el punto de vista del ordenamiento administrativo para la gestión de los hospitales públicos. Sin embargo, uno tras otro concluyen indefectiblemente en la necesidad de introducir diferentes y variadas medidas de gestión privada de los mismos, con un objetivo que es complementario: el incremento de los beneficios de los intermediarios privados, el comportamiento de los hospitales públicos como empresas privadas desde el punto de vista de la selección adversa de pacientes y, por otro lado, y de manera muy importante, la introducción de relaciones laborales precarias y la reducción de plantillas de los centros sanitarios públicos. Eso sí, con un maquillaje de pensamiento unificado, que ya hemos tenido ocasión de demostrar que se manifiesta autocomplaciente con lo que no es ni más ni menos que un paso muy importante en la liquidación de derechos y servicios sociales paradigmáticos de lo que se llamó Estado del bienestar, como ya se está empezando a hacer en nuestro país”.

El PSOE, fiel a su estilo, apoya la ley diciendo que es una garantía para evitar la privatización, igual que aprueba la reforma de pensiones diciendo que garantiza así la viabilidad de las pensiones o aprueba la reforma constitucional alegando que el control del déficit público es bueno (cuando otros partidos la aplican los acusan por disminuir el gasto público), cuando son sus reformas fiscales, su permisividad con el fraude fiscal o muchos gastos derrochadores en trenes de alta velocidad, aeropuertos los que generan el déficit: “Esta ley cierra el paso a la privatización de la sanidad, señorías, y con su elaboración creo que este Parlamento, después de diez meses de trabajo, ha hecho un buen servicio a nuestra sociedad, y por ello mi grupo se felicita”.

Con un lenguaje casi tan enmascarado como el del PSOE, el diputado del PP expresa: “Con la aprobación definitiva del proyecto de ley proporcionamos el soporte legislativo a algunas iniciativas que se habían tomado en diferentes comunidades autónomas con respecto a consorcios, empresas públicas, etcétera. Se aporta el soporte legislativo a todo el Estado, a nivel de todo nuestro país. Al establecer la posibilidad de constituir cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública, admitidas en Derecho, nos estamos refiriendo, como muy bien dice la exposición de motivos, a las fundaciones, fundamentalmente, a las empresas públicas y a los consorcios”.

Con posterioridad, se intentó derogar esta ley por medio de una iniciativa legislativa popular, en la segunda legislatura de Zapatero. No tuvo consideración.

Pues bien. La ley madrileña que apuesta por la privatización hace una referencia expresa a la ley que según el PSOE impedía de todas formas la privatización dice lo siguiente en su preámbulo:  “Ley 15/1997, de 25 de abril, habilita nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Por ello, la Comunidad de Madrid procede a la reordenación de la asistencia sanitaria prestada tanto en su red de hospitales como en los centros de atención primaria fijando un nuevo marco jurídico que permita el establecimiento de cualquier sistema de gestión que persiga la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y garantice la asistencia sanitaria”. Luego,los artículos 62 y 63 lo confirman.

La sustitución del capitalismo con Estado del Bienestar por el capitalismo neoliberal se hace con esas artimañas, escondiendo detrás del lenguaje los efectos de las reformas laborales, tributarias, de las pensiones, las privatizaciones, …

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Posted in: Política