Lectura del proyecto de constitución de Islandia

Posted on octubre 24, 2012

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En el referéndum sólo participó el 48% del censo, un dato que debilita la imagen más positiva que se había hecho de la “revolución islandesa”, la participación ciudadana. Parece que la afirmación en la consulta de un 64% de los participantes no le garantiza su aprobación jurídica, ya que la aprobación en la procedimiento de la Constitución actualmente vigente exige una primera aprobación en el Parlamento, una segunda aprobación en un Parlamento nuevo después de la disolución del anterior, una aprobación del Presidente y un referéndum, ya que en la propuesta se cambia la regulación de la Iglesia Evangélica Luterana. Se trababa por lo tanto de un referéndum no vinculante y resultó un referendum poco participativo.

La pregunta central era más bien ambigua: “¿Quiere que las propuestas del Consejo Constitucional sean la base para un nuevo proyecto de Constitución?”. Con el referéndum del 20 de octubre la llamada revolución islandesa no marca un rumbo claro desde la participación hacia el asentamiento de la democracia más participativa.

En otro artículo se expuso que no es aurora boreal todo lo que reluce. Por la dimensión de la población islandesa se consiguió algo importante, un ánimo participativo en la ciudadanía, lo que se llama empoderamiento. Sin embargo,  la deuda de los bancos asumida antes del rechazo de la deuda del banco ICESAVE en dos referéndos no fue igualmente repudiada a posteriori; la deuda pública islandesa es mucho mayor que la española por culpa de esos rescates a bancos; no es cierto que los banqueros hayan ido a la cárcel (uno que pasaba por allí); al presidente sólo se le puso una pena testimonial; los viejos vikingos siguen al mando de la nave; emigraron muchas personas; … En otro artículo se expuso esto.

La sustancia de este artículo no reside sin embargo en el estudio general del proceso “revolucionario” islandés ni en la incertidumbre en la que un referéndum tan ambiguo lo coloca. El centro del artículo es una lectura del proyecto de reforma que promueve el Consejo Constitucional.

La Constitución tiene cinco capítulos. El primero se dedica a los aspectos fundamentales. El segundo, a los derechos humanos. El tercero regula el Althing (o parlamento). El cuarto aborda la Presidencia de Islandia. El quinto afronta las normas sobre el Gobierno. El sexto se centra en el poder judical. El séptimo toca lo referido a los municipios. El octavo cae sobre las relaciones exteriores de Islandia. El noveno trata la reforma y la entrada en vigor de la Constitución. En total 114 artículos.

La fórmula de autodefinición de Islandia es bastante normal en el ámbito occidental: república  parlamentaria gobernada a través de la democracia. En nuestra constitución española se usa la fórmula de la monarquía parlamentaria.

Tiene una parte dogmática acorde con los tiempos. Una relación de derechos con evolución respecto a las constituciones de los años setenta, como la española o la portuguesa. Algunos de esos avances son la preocupación por la expresión de la igual de género o la denuncia de la violencia machista, la obligación de conservar la naturaleza, los derechos de información deducidos de la sociedad de la información, la transparencia del gobierno, derecho de los animales, …

Ya las constituciones de la última oleadad de democratización en Europa contemplaban la protección de las personas en desempleo, pero el compromiso de esta constitución de garantizar la subsistencia pude ser una evolución hacia la renta básica ciudadana.

El derecho de objeción de conciencia al servicio militar se convierte en esta propuesta en una prohibición del servicio militar, acorde a los tiempo de profesionalización de los ejércitos y en un país sin ejército y con un tratado especial con la OTAN para su defensa.

Extraña para nuestra mentalidad que el Estado se atribuya la capacidad de organizar la Iglesia, en una relación entre Estado e Iglesia en la que la segunda está supeditada al primero y no al revés como se deduce del artículo 16 de nuestra Constitución y nuestra Historia.

El derecho de propiedad privada tiene una definición similar al de las constituciones burguesas europeas, derecho protegido, aunque pueda ser interferido por razones de interés general y con compensación. Hago una mención especial porque la ilimitación patrimonial se ha convertido en un mecanismo de propensión de la desigualdad.

En lo demás, la propuesta de constitución se asemeja bastante en la parte dogmática a las constituciones occidentales después de más de dos siglos de desarrollo de la técnica de codificación política: vida, integridad, dignidad, intimidad, libertad, residencia, tutela judicial, expresión, información, religión, asociación, reunión, salud, educación, medio ambiente, …

En la parte orgánica, la definición del juego institucional no difiere significativamente del asentado en otras constituciones europeas. Lo relevante quizá sea la apuesta por la democracia participativa. Se habilita capacidad a la ciudadanía para derogar leyes en referéndum. La iniciativa debe suscitarla una décima parte del censo. También se faculta a la ciudadanía para aprobar leyes de iniciativa legislativa popular de una décima parte del censo si se aprueba en referéndum. En esos procesos legislativos populares el Parlamento tiene unas facultades que podría desactivar la fuerza de la medida, una merma de la participatividad.

Otras normas sugerentes de la organización del estado es la necesidad de una ley para nacionalizar deudas, para privatizar recursos naturales o una limitación un poco laxa de mandatos políticos, que no tendría mucha fuerza contra las tendencias de profesionalización de la casta política. Se echa en falta una apuesta por una fiscalidad progresiva, propia de países escandinavos.

La reforma constitucional que impone la propuesta es flexible, ya que no requiere especiales mayorías en el parlamento, como ocurre en el caso español, donde los dos grandes partidos se convierten en custodios del régimen. Pero en Islandia el referéndum sería obligatorio, salvo que se obtengan cinco sextos en el Parlamento. Parece avanzado pero en la comparación con la actual Constitución Española el proyecto islandés sale perdiendo ya que un 84% de la Cámara puede impedir un referéndum y en España el referéndum es obligatorio en los casos de cuestiones más centrales y el bloqueo para las cuestiones menos protegidas requiere un 90% de los miembros de ambas Cámaras.

Decepcionan las reglas sobre la revocación de cargos. Sólo el Presidente queda sometido a la revocación popular en referéndum, que debe ser convocado por una amplia mayoría del parlamento, tres cuartas partes. Las potestades populares para disolver el Parlamento o censurar a un gobierno no existen. Por lo tanto al pueblo no le dejan iniciativa y le atribuyen una escasa capacidad de revocación.

Tampoco se ven medidas muy eficaces para la desprofesionalización de la política representativa, unas laxas medidas de limitación de cargos. Los representantes mantienen una protección especial frente a causas criminales. Además, el Presidente mantiene una capacidad poco justificable de indulto.

En conclusión, parece que la revolución islandesa no tiene mucho aliento, visto el apoyo débil al texto gris preparado por unos ciudadanos. Sin embargo, pudiera ocurrir que la ciudadanía se removilice para exigir la reforma constitucional en este sentido. La reforma desde luego supondría una evolución democrática, quizá hasta el máximo nivel que pueden permitirse unidades territoriales y poblacionales como los estados-nación dentro del capitalismo en la época actual, donde no cabe la democracia directa. En lo social, también hay un avance pero no se alcanzan posiciones militantes como una sincera lucha contra la desigualdad, un compromiso con todos los pueblos y las futuras generaciones, una antimilitarismo que repudie a la OTAN, …

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Posted in: Derecho, Política