Convocar manifestaciones por Internet “todavía” no es delito

Posted on agosto 6, 2012

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En los medio ha salido varias veces el anuncio ministerial de que se modificarán las leyes penales para mejorar la seguridad ciudadana. Era una forma de decir que se criminalizaría con más fuerza la protesta.

Por ejemplo, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, confirmó que el Ministerio del Interior quiere que “encadenarse” por los brazos durante una manifestación para impedir ser desalojados por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea considerado un “atentado contra la autoridad”, al igual que lo es “agredir” a un agente, aunque con una pena inferior (audio).  Si escuchan el audio comprobarán que al Secretario de Estado se le va calentando la boca, hasta el punto que se aparta de la definición convencional del derecho de manifestación: habla de “manifestaciones no autorizadas” cuando la Constitución y todo el ordenamiento jurídico dejan bien claro que las manifestaciones no requieren autorización; extiende el concepto de “orden público” más allá del dimensionamiento que se le ha dado constitucionalmente.

Otra fórmula para reprimir la protesta es la de convertir en delito la convocatoria por Internet de “manifestaciones violentas”. Como en el barullo de tanta noticia es difícil discriminar lo que es anuncio de lo que es proyecto de lo que es ley, muchas personas han absorbido desde hace tiempo el temor de convocar o invitar a cualquier tipo de manifestación. De esta forma, con sólo un anuncio ya se ha conseguido obstaculizar el flujo de convocatoria.

Por la expansión de estos miedos, un compañero de calles y plazas me ha preguntado si convocar manifestaciones por Internet ya es delito.  Respondo. A día de hoy (6 de agosto de 2012) todavía no es delito. La última información que tenemos de la intención del Gobierno viene del 27 de junio, como consecuencia de una “interpelación urgente (al Gobierno) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad ciudadana ante los problemas de la multirreincidencia y la violencia callejera” de un diputado de la derecha catalana (CiU). En aquella comparecencia, el ministro informó que quiere elevar al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal y otro de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Para la segunda norma habla del segundo semestre de 2012, pero no da fecha aproximada para el envío a Cortes del la reforma del Código Penal, probablemente también para ese semestre.

Lo cierto es que todavía es un anuncio y un trabajo dentro del Ministerio de Interior. No es un proyecto de ley. Será ley a lo largo de 2013.

Para conocer mejor la línea de trabajo cito lo dicho por Jorge Fernández Díaz en junio y en sede parlamentaria:

Por último, está la tipificación de la difusión de información por cualquier vía que tenga por objeto organizar o promover la participación o bien reforzar la decisión de tomar parte en acciones de alteración del orden público que sean constitutivas de delito.

Si alguien lo pide, explico el concepto de “acciones de alteración del orden público que sean constitutivas de delito”. Por ahorrar tiempo, aquí sólo expreso que una manifestación sin objetivo de cometer un delito y sin armas, explosivos, objetos contundentes es una manifestación lícita, esté comunicada o no. Cuando tipifiquen la conducta de convocar a manifestaciones delictivas como delito (valga la redundancia) se abrirán muchos interrogantes sobre su aplicación, como “¿qué pasa si alguien convoca o invita a una manifestación ordinaria y surge un incidente de alteración del orden público?”.

Ahora mismo, la consecuencia jurídica de convocar/promover una manifestación sin comunicar previamente a la Delegación de Gobierno es una sanción administrativa. Desde luego, para ello la autoridad debe demostrar que es el organizador/promotor/convocante.

La cosa es diferente si la manifestación tiene por objeto “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos”. Estas manifestaciones son consideradas sedición. En esos casos sí está tipificada la provocación o la inducción de cualquier forma. Lo traigo a colación porque la iniciativa Ocupa el Congreso ha estado afectada por el temor de que el sistema represivo la acuse de esta forma. La pena para inductores de “tumultos” (así se expresa el Código Penal) de este tipo es de 8-10 años.

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Como anexo, para quien quiera leer más al respecto, pego la pregunta de una diputada del PP y la respuesta del Ministro en la que se anunció el plan. Pueden ver como se inventan la preocupación y alarma ciudadana para justificar el aumento de la represión. En el Barómetro del CIS se ve como la inseguridad ciudadana no es una cuestión que preocupe a los ciudadanos españoles (el paro, la situación económica o la política sí).

– DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ÁNGELES ESTELLER RUEDAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS PRETENDE IMPULSAR EL GOBIERNO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD CIUDADANA FRENTE A LOS ACTOS VANDÁLICOS QUE TANTO PREOCUPAN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000120).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior, de doña María Ángeles Esteller, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en Barcelona volvimos a vivir un nuevo episodio de violencia callejera con motivo de la huelga general del pasado 29 de marzo, que perjudicó enormemente a los ciudadanos que ejercían libremente su derecho de manifestación. Pudimos ver cómo los violentos generaron grandes destrozos en el mobiliario urbano, quemaron containers, asaltaron y quemaron una cafetería, también destrozaron el mobiliario urbano y se enfrentaron a los Mossos d’Esquadra. Por desgracia, no es la primera vez que estos hechos pasan en Barcelona. Estos grupos aprovechan cualquier ocasión, cualquier celebración de éxito deportivo, concentración, etcétera, para enfrentarse al orden público y proyectarse internacionalmente desafiando al sistema en general. Esto es debido a que en Barcelona se ha generado un caldo de permisividad y tolerancia que ha generado una atracción de otras personas, en este caso jóvenes, del resto de Europa y las unidades que actualmente tenemos en la ciudad han pasado en un año de cuatrocientas a más de dos mil. No solamente pasa en Barcelona, también en otras ciudades de España se han producido alteraciones y actos violentos en concentraciones y en manifestaciones, y esto es debido a que en estos casos también se ha ido extendiendo este germen de violencia en las calles del resto de España, causando una gran alarma.

Hay que tener en cuenta que estos grupos, los antisistema, son grupos organizados que actúan con premeditación, con gran agresividad, con mucha impunidad y por lo tanto siempre buscan lo mismo, situar al Estado o al orden público al límite para crear un gran caos y proyectar esta imagen de violencia que no se corresponde con la realidad. Lamentablemente, estos hechos son muy asiduos y hay que hacerles frente. Barcelona no se puede convertir en la capital antisistema de Europa. No se puede consentir ver como normal que cada vez a hay una concentración o una manifestación se produzcan actos vandálicos. Necesitamos instrumentos más eficaces para luchar contra estos fenómenos y acabar con la impunidad. Por eso, señor ministro, le pregunto: ¿Qué medidas pretende impulsar el Gobierno para preservar la seguridad ciudadana frente a los actos vandálicos que tanto preocupan a la sociedad española? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

La señora diputada, la señora Esteller, ha hecho, además desde su condición de portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, una descripción muy detallada y precisa de los acontecimientos y de la realidad social que se está produciendo desde hace demasiado tiempo en Barcelona. Como muy bien ha dicho además su señoría, por desgracia no solo en Barcelona sino en otras ciudades españolas. No se trata evidentemente de responder desde el Código Penal y en general desde el ordenamiento jurídico espasmódicamente a iniciativas de guerrilla urbana, de violencia y de vandalismo que cada vez proliferan más en nuestras calles, pero tampoco se trata de instalarnos en el buenismo jurídico. Por ello, conscientes de que estamos en una espiral de violencia que comienza por las conductas incívicas, que son normalmente la puerta de entrada a la delincuencia, para pasar después a alteraciones del orden público mediante acciones vandálicas como las que usted ha señalado y que, por ejemplo, se produjeron el pasado 29 de marzo en Barcelona y, finalmente, desarrollar esas acciones violentas con técnicas de guerrilla urbana, el Ministerio del Interior, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, viene trabajando desde hace dos meses en una reforma en profundidad de nuestro ordenamiento jurídico, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, también de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana para, desde el ordenamiento jurídico, dar una respuesta que efectivamente permita que se cumpla el mandato del artículo 104.1 de la Constitución, y es que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad defiendan el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos, el de reunión y el de manifestación, por supuesto, y garanticen la seguridad ciudadana, la paz social y la paz pública. En concreto, le puedo señalar, señoría, que pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos la resistencia activa o pasiva grande e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos, y asimismo considerar como agravante la comisión, con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, de estas conductas delictivas. También pretendemos incluir entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculiza el acceso a los mismos, ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan con interrupción o perturbación de cualquier servicio público.
Por último, nos parece fundamental para hacer frente sobre todo a estos movimientos que actúan de forma concertada previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de pertenencia a organización…

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Posted in: Derecho, Política