La futura represión de la protesta

Posted on abril 15, 2012

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Como he escuchado a varias personas afines plantear que las anunciadas reformas del Código Penal para reprimir la protesta (que todos nos imaginamos que va a aumentar por el descontento que provoca el proyecto antisocial y autoritario que dirigen el bipartidismo, la patronal y sus medios de comunicación) exige reformas de la Constitución he considerado conveniente aportar este reflexión, correctora de algunas confusiones. Por ahora la declaración más aproximada que tenemos de las intenciones del Gobierno es la realizada por el Ministro de Interio, Jorge Díaz, el miércoles 11 de abril en el Congreso de Diputados.

En concreto, le puedo señalar, señoría, que pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos la resistencia activa o pasiva grande e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos, y asimismo considerar como agravante la comisión, con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, de estas conductas delictivas. También pretendemos incluir entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculiza el acceso a los mismos, ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan con interrupción o perturbación de cualquier servicio público. Por último, nos parece fundamental para hacer frente sobre todo a estos movimientos que actúan de forma concertada previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de pertenencia a organización…

Se corta porque el Presindente del Congreso le quita la palabra.

El ministro anuncia reformas en el Código Penal para reformar el atentado contra autoridad, agente, funcionario. Actualmente el artículo 550 dice:  “Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”. Antes de lo anunciado  se consideraba atentado el 1. el acometimiento, el 2. empleo de fuerza, la 3. intimidación grave, la 4. resistencia activa grave. Si se reforma el Código Penal en el sentido de lo anunciado, se concretan los supuestos a las amenazas, la embestida y el lanzamiento de objetos peligrosos (que se podían incluir en el empleo de fuerza o en la intimidación) y se incluye la resistencia activa que no fuese grave y la resistencia pasiva grave dentro de este delito. Se crea la agravante específica de hacer el atentado durante una manifestación. Este delito tiene unas penas de prisión de 2 á 4 años, a no ser que la autoridad sea miembro de un gobierno o diputado (casos en los que la pena se eleva de 4 á 6). Además hay pena de multa en los dos casos.

Para diferenciar los diferentes tipos de resistencia (activa, pasiva grave, pasiva leve) habría que acudir a la jurisprudencia. Tal vez en otro artículo lo haga.

Con esta regulación del artículo 550 prácticamente desaparece el delito de desobediencia porque es absorbido por el delito de atentado. En esos casos, la pena actual comprende seis meses/un año de prisión. El contenido del artículo 556 quedaría reducido a resistencia pasiva no grave y desobediencia grave. Finalmente las faltas de respeto y las desobediencias leves se mantendrían castigadas con multa (634).

Actualmente en el delito de alteración del orden público ya hace punibles las actuaciones que atenten contra la paz publica si concurren con esta circunstancias: 1. lesiones a las personas, produciendo 2. daños en las propiedades, 3. obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen. Con lo manifestado por el ministro, parece que aumentarán las circunstancia a las penetraciones en establecimientos públicos, el impedimentos a otras personas para su entrada o la imposibilitación del servicio público. Parece una referencia a los sucesos de 2011 en Barcelona, delante del Parlamento.

En cualquier caso, al contrario de lo que he escuchado decir a varias personas no es necesaria la reforma de la constitución. El Código Penal se aprobó y se modifica con una Ley Orgánica por desarrollar los derechos fundamentales. Con una mayoría absoluta es suficiente para hacer cambios. Sería muy extraordinario que se quisiera afectar tanto a los derecho fundamentales como para establecer la necesidad de una modificación de la Constitución. Lo que podría ocurrir es que alguna de las reformas que se plantean, como crear una agravante especial en los delitos de atentado a la autoridad, agente, funcionario en contextos de manifestación, sea anticonstitucional por erosionar precisamente el derecho de manifestación.

Si en materia tributaria el mayor peso del retroceso lo ha trasladado el PSOE o en materia laboral el PP ha cargado con el mayor desgaste, hasta ahora la labor de represión de la protesta, dentro del reparto de papeles del bipartidismo, le ha correspondido al PP. Sin embargo, no se puede olvidar que el Código Penal de 1995, en época felipista, incorporó delitos para la protección de la Monarquía frente a la crítica. En esta materia del ejercicio del autoritarismo, la declaración del Estado de Alarma para reprimir un conflicto laboral en el que el gobierno provocaba con reales decretos ley y el cierre de la Plaza de Sol a la libre circulación dan una evidencia de que el PSOE sin caretas puede ser tan duro como el PP en Valencia o CiU en Catalunya. Como muestra del trabajo acompasado. Todos ellos coinciden en la impunidad que permiten a la actuación excesiva de la policía.

Termino reflexionando que, mezclando churras con merinas, el gobierno usa la existencia del patrón de violencia (de grupos que han elegido en su responsabilidad la acción violenta en su modo de confrontación con las contradicciones del sistema) para establecer unas técnicas represivas que atacan la protesta en general.

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Posted in: Derecho, Política