Hoy Garzón no podría perseguir a Pinochet

Posted on enero 31, 2012

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En el juicio en el que se le acusa de prevaricación por declararse competente para la investigación de los crímenes del franquismo, el juez Baltasar Garzón explicó que no estimó aplicable las Leyes de Amnistía de 1976 y 1977 porque no consideraba políticos los crímenes que decidió investigar. También dijo que le había movido el mismo ánimo que tuvo para procesar y pedir la extradición de Pinochet en 1998 (Sumario 19/1997 del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional) por delitos de genocidio y terrorismo.

Esa acción le concedió al magistrado una fama internacional como defensor de los derechos humanos. Hoy un atento lector me hablaba de la imprescriptibilidad y universalidad de la perseguibilidad de los “delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la Humanidad” que eran objeto de investigación.

En el anterior artículo reflexioné sobre la curiosa casualidad en la que el juez cuenta con una defensa popular de personas que apoyan a partidos que han decidido que los delitos franquistas no se investigan y no es apoyado por los grupos que piensan que la memoria histórica exige la investigación de aquellos crímenes. En este artículo a la vez que hago mi pequeña denuncia de una de las reformas legales de retroceso social, también manifiesto mi extrañeza porque se apoya al juez que procesó al dictador chileno (en respuesta a una querella), pero los apoyos socialistas al juez no protestaron contra la reforma legal que hoy impediría a cualquier juez el procesamiento de un Pinochet.

La jurisdicción penal universal no era del agrado de la derecha española. Eso se pudo comprobar en la gestión que tuvo que hacer en 1998 de la petición de extradición de Pinochet. Sin embargo, esa puerta se mantuvo abierta hasta que… Se presentaron querellas contra rectores del Estado de Israel por su política genocida contra el pueblo palestino. Las autoridades de ese Estado, con grandes amistades, se quejaron ante el Presidente del Gobierno del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministro Moratinos y los diplomáticos. El Gobierno adquirió el compromiso de modificar las capacidades de la jurisdicción penal española para impedir investigaciones que pudieran afectar a los directores de matanzas contra población palestina.

No tardaron. En poco hicieron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 23.4. decía que “Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio y lesa humanidad. b) Terrorismo”. En una ley que tenía por objeto modificar la Oficina Judicial en la transacción con el Partido Popular ¡se añadió lo siguiente!:

Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.

Si Pinochet viviese y viajase a Londres, si Garzón no estuviese suspendio, tampoco podría procesar y extraditar al dictador chileno. Esto ocurre cuando algunas familias y asociaciones miran con esperanza a Argentina pues desean que allí tenga mejor suerte que aquí una querella contra crímenes del franquismo, en uso de la jurisdicción penal universal.

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Posted in: Derecho