La atención a personas con dependencia en Canarias antes y después de la Ley de Dependencia

Cada vez que he escuchado a la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, explicar por qué Canarias obtiene los peores resultados en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, por ejemplo en los dictámenes que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ella explica que esos resultados son infundados, ya que no se tienen en cuenta unos datos de servicios que en esta Comunidad Autónoma presta fuera de la aplicación de la Ley. También presume de que Canarias fue pionera en la a atención a estas personas, mucho antes de que la Ley se aprobara.

Como muestra, un pequeño debate entre ella y el magnífico periodista Juan García Luján en el programa 59 segundos (edición de Canarias), en enero de 2012:

El mensaje de la Consejera y del Gobierno de Canarias es muy erróneo o falso. Antes de la Ley 39/2006 en prácticamente todas las Comunidades Autónomas había ley de servicios sociales, como pueden comprobar en esta relación. Muchas de esas leyes eran anteriores a la ley canaria. Además, desde 1986 el Estado había aprobado la Ley de Integración de Minusválidos.

Pues para comprobar por otra vía el error de las manifestaciones de la Consejera he elaborado el siguiente gráfico, en el que los datos parecen negar nuevamente la afirmación de la Consejera, ya que antes de la entrada en vigor de la ley la Comunidad Autónoma de Canarias tenía el valor más bajo de gasto en atención a personas con dependencia de las Comunidades Autónomas que enviaron datos, 20,02 euros, lo que no es compatible para nada con la idea expuesta por la Consejera de que Canarias era pionera en prestar estos servicios:

Metodología.

La gráfica se ha elaborado con los datos que aporta el Libro Blanco sobre la Atención a las personas en situación de dependencia en España. Los datos fueron recabados por la Administración General del Estado y fueron remitidos por las Comunidades Autónomas. Se les pedía el presupuesto que podía estar asociado a la materia de atención a la dependencia (Plazas residenciales, Centros de Día, Ayuda a domicilio, Teleasistencia y otros):

Ante esta situación, se ha considerado que debían ser las propias Comunidades Autónomas quienes determinaran en su respectivo ámbito competencial cuáles eran las partidas presupuestarias destinadas a la atención de situaciones de dependencia, para ello desde el IMSERSO se solicitó de las Direcciones Generales competentes la información correspondiente en relación con los presupuestos de 2004.

Las cantidades comunicadas por las Comunidades Autónomas (faltan Galicia y Baleares) se relacionan con la población en 2004, según el INE, para dar la cifra de la inversión en atención a la dependencia por habitante. Se representa en euros.

Se puede comparar ese resultado de antes de la entrada en vigor de la ley con el que aparece reflejado en el dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que Canarias incrementa su gasto por persona de 20,02 a 32,50  euros por habitante, pero se mantiene en el puesto más bajo de Sistema. Para 2012, si le aplicamos a los 83.745.277 euros del Programa Presupuestario de Atención a Personas en situación de Dependencia la población de 2.126.769 el cálculo se eleva a 39,38, todavía lejos de la media, que normalmente también habrá ascendido.

Aportación de las Comunidades Autónomas a los servicios a personas dependientes. Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

Conclusión.

Lo datos indican que, antes de la aprobación de la ley a finales de 2006, ya Canarias tenía un significativo desfase en el gasto por habitante en dependencia, que se mantiene actualmente en los indicadores de inversión por habitante, número de solicitantes, personas dictaminadas sobre el total de los solicitantes y finalmente personas beneficiarias realmente por el sistema de atención a la dependencia. Si hay una prestación y un gasto en estos servicios que no son reflejados en las estadísticas del Sistema, después de cinco años, sería más que incomprensible. El desvío que expone la Consejera es muy significativo, ya que las estadísticas dicen que se atienden a 11 mil personas y ella en ese debate afirma que se atienden a 50 mil, cuatro veces más. Si los Cabildos prestan servicios que no son contemplados en las estadísticas del IMSERSO, debería ser una prioridad del Gobierno la inclusión de todos esos servicios dentro de la ley para que las cuentas estén claras, para aclarar si la aplicación de la ley es mediocre o gravemente negligente, para saber si las personas con dependencia tienen una atención tan nefasta como indican las estadísticas. La tesis de la Consejera, de ser cierta, mejoraría el indicador de gasto por habitante o de número de personas atendidas pero daría una sensación muy grande de descoordinación interadministrativa, ya que se prestaría un servicio de atención a personas con dependencia fuera de la aplicación de la ley.

Solicitudes, Dictámenes y Prestaciones a 1 de enero de 2012. Fuente: IMSERSO

En la anterior legislatura era el PSOE en la persona de Concepción Luengo quien se encargaba de recordar este problema en sede parlamentaria y en los medios de comunicación. Ahora con este partido en el Gobierno, ya no se escucha ninguna protesta parlamentaria ni en ruedas de prensa. Los datos de la mala gestión siguen siendo bastante evidentes como para mantener el volumen de la protesta. Las instituciones callan respecto a esta negligente gestión. Deberíamos los ciudadanos mantener la vigilancia.

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