El fraude de ley en el uso del aforamiento: el caso de Miguel Zerolo Aguilar

Posted on diciembre 22, 2011

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El artículo 71 de la Constitución Española de 1978 establece el estatuto del diputado o del senador contiene, digamos, cuatro privilegios en el ámbito penal: la inviolabilidad de las opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, la inmunidad que impide detenciones salvo caso flagrante de delito, la autorización de la cámara para la imputación, la residencialización de sus procesos en el Tribunal Supremo . Esta figura procede de épocas anteriores. Este estatuto servía para la defensa de los diputados frente a la persecución política que podía emprender contra ellos el poder ejecutivo en manos del rey durante la época de la soberanía compartida.

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Canarias también recoge estos privilegios. El fuero de los diputados regionales se sitúa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En la sociedad hay propuestas de terminar con este privilegio, por muchos motivos: porque se carga a unos órganos judiciales funciones de instrucción y primera instancia para los que no están dotados suficientemente, lo que provoca retrasos y otros problemas de gestión; porque el caso cae en manos de órganos judiciales con libre designación; porque los hechos investigados no guardan relación con la condición de diputados o senadores y en ocasiones son anteriores en el tiempo; porque los aforados abusan de este privilegio, empleándolo como estrategia procesal; …

Por supuesto, estas propuestas de los movimientos sociales no son recibidas en los programas de los grandes partidos, que tienen a varios políticos aforados en su nómina. Por lo tanto, ahí quedan en una indignación social, ya que para eliminar el privilegio es necesario la modificación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía correspondiente.

Pues en este artículo simplemente quiero abordar el fraude de ley que se practica en el uso de este privilegio. Uso como ejemplo la trayectoria de Miguel Zerolo Aguilar. En la denuncia de Ínsula Viable, en la querella del Ministerio Fiscal, en la instrucción del caso de Las Teresitas se le ha imputado por delitos de prevaricación y malversación de dinero público. También hubo imputación por sobornos que no se ha sostenido. Los hechos denunciados, imputados e investigados no tienen relación con su condición de diputado regional desde 2003 y la génesis es muy anterior a su elección. Sin embargo, el proceso ya nació en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se mantuvo en ese órgano judicial tras su posterior elección en 2007.

En este tiempo, según la información de iniciativa e intervención de los diputados en el Parlamento de Canarias, la actividad de este diputado ha sido más bien escasa. Por ejemplo, en el periodo 2003-2007 sólamente hace una solicitud conjunta con otros diputados de su grupo para crear la comisión de investigación de niños desaparecidos. No hago comentarios sobre esa vergonzosa iniciativa. En un primer momento pensé que la información del Parlamento de Canarias no era completa. Pero creo que sí lo es y la actividad de este diputado/imputado aforado es así de escasa. Comparé su actividad con la de Guacimara Medina Pérez, que también compatibilizaba funciones de alcaldesa y diputada y comprobé que ella tenía un sinnúmero de iniciativas e intervenciones.

Si su condición de parlamentario no tiene la utilidad de los trabajos parlamentarios para hacer mejores leyes o controlar la actividad del gobierno, … ¿cuál es la utilidad de su condición de diputado?. ¿No sería el mantenimiento del privilegio del fuero?.

El artículo 6. 4. del Código Civil establece que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de Ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. ¿No deberíamos entender que el acto de elección como diputado que persigue la elusión de la norma del juez ordinario predeterminado por la ley (un juez de instrucción y un órgano judicial como el de cualquier hijo de vecino)  es un fraude de ley y que la elección no debería impedir la aplicación de la norma ordinaria de competencia?.

Desde el 10 de diciembre el diputado/imputado/aforado del ejemplo vuelve a ser senador, tras el lapso en el que la Cámara estuvo disuelta. Ya sabemos que no es senador por elección popular directa, sino por designación del Parlamento de Canarias, en una decisión sorprendente de participación en la estrategia de obstrucción procesal. Eso significa que el aforamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (que en teoría se extinguió el 18 de julio de 2011, fecha en la que causó baja como diputado regional) es sustituído por un aforamiento en el Tribunal Supremo de Madrid. ¿No sería recurrible el posible cambio de competencia alegando este fraude de ley, en este caso un fraude de Constitución?.

En Derecho las cuestiones no siempre tienen una respuesta lisa y llana. Sin embargo, creo que políticamente Coalición Canaria, permitiendo esta discontinuidad de la competencia para investigar y juzgar, y el diputado-senador/imputado/aforado, si tuvieran más respeto a la democracia y al estado de derecho, deberían dejar de usar estas estrategias procesales. Me parece denunciable públicamente, aunque ya veremos si su trabajo intenso en el Senado justifica su designación.

Aprovecho que hay una campaña pidiendo la dimisión de Zerolo por los hechos hechos públicos en los medios de comunicación que han investigado el sumario del caso de Las Teresitas, campaña a la que pueden adherirse.

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Posted in: Derecho, Política