Real Decreto-Ley 1/2012, de 6 de enero, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público

Posted on diciembre 8, 2011

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El presente Real Decreto Ley contempla las medidas extraordinarias adoptadas para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de reducir el déficit público al 4.4% del PIB para el año 2012 para el conjunto de las Administraciones Públicas (desde el 6% de 2011), tal y como se advertía en la campaña electoral por algún blog. Esta consolidación fiscal es una prioridad de este gobierno, como la reforma fiscal para promover la disminución del desempleo o la reorganización del sistema financiero para haer fluir el crédito.

La dureza y profundidad de la crisis económica ha llevado a todos los países industrializados a realizar un esfuerzo fiscal significativo para paliar las consecuencias de la crisis y preservar los niveles alcanzados de desarrollo y bienestar. No obstante, como consecuencia de esta imprescindible política fiscal expansiva, las finanzas públicas han sufrido un grave deterioro que ahora debe ser corregido como requisito esencial para alcanzar una recuperación económica sólida y duradera.

El compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de sus finanzas públicas quedó plasmado en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2011-2013, aprobada por el Consejo de Ministros de 3 de mayo de 2011. En la misma se establece como objetivo, de acuerdo con el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto por la Unión Europea, la reducción del déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 3 por ciento del Producto Interior Bruto, como impone el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto del Euro. Asimismo, también se aprobaron el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 como instrumentos para alcanzar dicho objetivo. Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el Acuerdo Marco con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013. Y, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local se aprobó el Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013 en el que se prevé una senda de déficit, en términos de Contabilidad Nacional, para el conjunto de las Entidades locales que va desde el 0,5% PIB en 2009 al 0,2% PIB en 2013. Con lo que todas las administraciones públicas se suman al esfuerzo que de forma coordinada debe llevarse a cabo para reducir el déficit público y asegurar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

Sin embargo, la celebración de elecciones el 20 de noviembre no dejó margen para la aprobación de unos nuevos presupuestos en la Administración General del Estado cumplir con el el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 para el ejercicio de 2012. De acuerdo con esta necesidad, el presente Real Decreto-ley recoge una serie de medidas de ajuste que tratan de distribuir de la forma más equitativa posible el esfuerzo que toda la sociedad debe realizar para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el primer capítulo, se recogen las disposiciones encaminadas a reducir, con criterios de progresividad, la masa salarial del sector público en un 8 por ciento en términos anuales, reduciendo a la mitad las pagas extraordinarias de julio y diciembre. Por su parte, se reforma la regulación de la prestación de desempleo por que su aumento supone una carga excesiva para las Administraciones Públicas. El capítulo III modifica la Ley de Dependencia reduciendo los compromisos asumidos por el Estado y las Comunidades autónomas y con posterioridad se modificará el baremo reglamentariamente. Asimismo, el capítulo IV deja sin efecto la renta básica de emancipación. En el capítulo V se disminuye la parte del precio de los fármacos que afronta el Estado, lo que no supone el establecimiento de un copago por los servicios. En materia sanitaria se excluyen de la cobertura de la sanidad pública a colectivos que bien pueden costearse un seguro privado o no han realizado una contribución al sostenimiento de este sistema público. El capítulo VI incrementa el IVA y el IGIC en algunos productos que ofrecen margen de incremento, aunque se baja el IVA de los pisos que los bancos no han conseguido vender. Además, en el capítulo VII se adoptan medidas con el fin de garantizar la contribución de las entidades locales al esfuerzo de consolidación fiscal y de mejora del control de la gestión económica financiera de las citadas entidades. Por último, en el capítulo VIII se establecen medidas adicionales de reducción de la inversión pública y en la ayuda oficial al desarrollo. Las pensiones no se verán afectadas por la sensibilidad social de este gobierno.

La extraordinaria y urgente necesidad de las reformas aquí contempladas obliga a hacer uso de la habilitación otorgada al Gobierno por el artículo 86 de la Constitución española. De manera que, aún cuando los ciudadanos no vayan a ver afectados sus derechos concretos de forma inmediata por la adopción de alguna estas medidas, es evidente que la aprobación de todas ellas va a producir unos importantes efectos económicos desde esta fecha, directamente orientados a remediar la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que el presente Real Decreto-Ley responde, pues la rapidez, seguridad y determinación en la actuación forma parte del compromiso asumido por los países integrantes de la zona euro para reforzar la confianza en la moneda única y en la estabilidad de la eurozona.

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Dado en Madrid, el 6 de enero de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY.

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Posted in: Política