La sanidad de las personas sin recursos

Posted on noviembre 24, 2011

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Recientemente la Xunta de Galicia ha modificado el procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de las que se encuentran en situación de desempleo. Este cambio ha creado una merecida alarma social, por que estos gobiernos vuelven a manosear el derecho de asistencia sanitaria. Con tal motivo he querido rastrear la universalidad del derecho de Sanidad.

El PSOE se enorgullece de haber aprobado la Ley General de Sanidad, mientras era Ministro Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000, persona que como socialista no llegó a decepcionarme, de las pocas. Esa ley hace una reorganización de este derecho a la protección de la salud, en desarrollo del artículo 43 de la Constitución.

La reorganización de esa ley es muy deudora de la anterior vinculación del derecho de sanidad y de la seguridad social y consigue vertebrar unos servicios dispersos. Por ese motivo crea un derecho de atención sanitaria apegado a la cotización a la seguridad social. Se excluye de esa prestación a las personas que no coticen. Pero esas personas se integran si no tienen recursos. Por lo tanto, se crea dos grupos de usuarios: los cotizantes y sus familiares a cargo y las personas sin recursos y sus familiares a cargo. El principio de universalidad se quiebra.

La atención a personas sin recurso se regula más en concreto en un Real Decreto de 1989. En él se establece que son personas sin recurso las que posean rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. A estas personas se les exige demostrar la carencia de recursos para acceder a la atención sanitaria no contributiva, lo que me parece un poco bochornoso.  Para ello se delega en las administraciones sanitarias el deber de estipular el procedimiento. Eso es lo que hace la Orden gallega. Todas las Comunidades Autónomas han realizado su propia operación de normalización del procedimiento.

Los usuarios cotizantes de la Seguridad Social acceden sin problemas a la prestación del servicio sanitario. Las personas sin recursos pueden verse separados de la prestación mientras la Administración Sanitaria no le haga el reconocimiento, lo que puede tardar dependiendo del tipo de gestión que hagan y el tiempo que tarden. Además, en el caso gallego, por ejemplo estarían privadas las personas con residencia en España por debajo de seis meses o sin empadronamiento en Galicia, apuntando claramente hacia los inmigrantes (como ocurre en una carta que envía el Servicio Murciano de Salud). Independientemente de los retrasos en el reconocimiento por defectos en la gestión o de las exclusiones que cada Comunidad Autónoma establezca, las personas con rentas superiores a 650 euros y sin Seguridad Social tendrían que pagar a modo de ilustración 30.000 euros por un trasplante de hígado. Para que le pongan cara a personas en esta situación, los becarios hasta hace unos meses podían cobrar más del salario mínimo interprofesional y no estaban asimilados a un trabajador por cuenta ajena.

Con todo lo expuesto, antes de que llegue el nuevo invento de los recortadores, el copago-repago, se observa que la universalidad del derecho de sanidad tiene muchas fisuras. La reciente Ley General de Salud Pública dedica la Disposición Adicional Sexta a la Extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública, incluyendo en su cobertura a los concluyan su prestación o subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012. Esta ley podría haber afirmado de forma clara y rotunda la universalidad del derecho de asistencia sanitaria para todos los residentes en España y no lo hace. Sin embargo el modelo de incertidumbre que crean estas excepciones a la universalidad no tienen justificación en mi forma de entender este derecho.

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Posted in: Derecho, Política