Conflicto vasco, terrorismo, abuso de la excepcionalidad antiterrorista

Posted on octubre 23, 2011

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En estos días la declaración de ETA de cese definitivo de la acción terrorista se ha convertido en cuestión central, junto al linchamiento por los rebeldes libios (que no eran civiles en riesgo de masacre, sino un ejército armado por occidente y monarquías de la península arábiga, con apoyo dirimente de la OTAN en la guerra civil, cambiando sangre popular por petróleo) de Gadafi. Por supuesto, las declaraciones de los grandes partidos y los tertulianos de los mayores medios narran los hechos de una forma tan simple que no cabe el disenso. Generalmente resulta difícil escapar a esa forma de pensar, más si tenemos en cuenta que durante muchos años la opinión pública ha sido amoldada por un tratamiento continuo de conducción intelectual, sin fisuras en este tema.

En la tregua que tuvo que gestionar Aznar, EL PAIS le hizo una entrevista a Arnaldo Otegi. En una clase de la Universidad quise que los alumnos conocieran al menos la forma de ver el asunto del mundo abertzale, pues casi siempre la mayor parte de la población tiene acceso indirecto y manoseado a lo que en ese mundo puede cocinarse. Recuerdo que una alumna hizo objeción de conciencia en aquella tarea, como si sólo leer el texto de Otegi le provocase un grave perjuicio moral. Mientras leíamos varios alumnos hacían comentarios en los que no había ninguna permeabilidad, sino inmediata reacción. Siempre que he intentado abrir sólo la tolerancia hacia la variedad de pensamientos que puede haber en el mundo abertzale he encontrado actitudes cerradas de ese tipo. Con Bildu, por ejemplo, los más tolerantes sólo se satisfacían porque hacía alguna concesión a la condena de ETA, sin darle una oportunidad a la lectura de su programa, del que se ha escrito algún artículo en este blog.

El terrorismo es horrible. Los que practican el asesinato, la amenaza, la extorsión, el escarnio a las víctimas, el vandalismo callejero para atemorizar a unas personas o a una parte de una sociedad moralmente son personas muy equivocadas. Sus víctimas deben ser protegidas, respetadas, atendidas, sin que otorgarles tampoco una razón superior en sus errores de planteamiento. Los actos de los terroristas evidentemente deben ser prevenidos, perseguidos, juzgados, condenados, castigados.

Pero los que previenen y persiguen no pueden usar cualquier recurso. La guerra sucia, el GAL, no está permitido. En España parece que la investigación de la guerra sucia sólo interesó para que un partido accediera al poder derribando al otro partido del bipartidismo alternante. Una vez realizado el cambio de gobierno, se enterró el asunto, hasta el punto de indultar a un alto responsable de un secuestro a los tres meses de ingresar en prisión. No tengo la sensación de que se hayan depurado responsabilidades políticas y penales por higiene democrátiva.

En la persecusión y en el juicio se han establecido técnicas de excepción, consagradas incluso en la Constitución. Para que vean hasta donde llega la permisividad, sepan que las conversaciones entre abogado e imputado son sagradas (a Garzón se le acusa precisamente de invadir esta esfera en el caso Gürtel). Tiene sentido, porque es la forma en que el imputado puede ejercer y preparar su defensa. En el derecho procesal criminal se le niega a los imputados en los casos de terrorismo, a tenor del artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria.

Finalmente, la demonización de los presos por terrorismo etarra ha llevado a practicar con ellos una estrategia antiterrorista que quiebra el principio de proximidad a su entorno y relaciones externas, dentro de una visión reeducadora y humanitaria de la pena, pues la pena que dispone el Código Penal y que impone el juez en sentencia no es la privación de libertad y el destierro geográfico, sino la reclusión.  También se creó la doctrina Parot excepcionalmente para presos de ETA, como medida para alargar las penas efectivas.

Se podría también reflexionar si la tipificación especial de algunos delitos para los terroristas es una forma de excepcionalidad, desde luego. Está claro que hay delitos puramente de terrorismo como la creación, dirección, pertenencia o colaboración o enaltecimiento, que contribuyen a que la organización armada funcione y pueda cometer los otros delitos. Luego, la comisión de delitos como las bombas o los asesinatos dentro de la cobertura de una banda supone una agravante especialmente severa. Por ejemplo, un asesinato con alevosía, ensañamiento y precio como el de un sicario profesional contratado por una mafia para matar con el máximo espanto a la hija pequeña de un ex-miembro que informa a la policía, se castigaría como máximo con 25 años. Un asesinato de un terrorista que se enfrenta a la policía, se podría castigar hasta con treinta.

El Código Penal no es matemático. Creo que la punibilidad de los atentados quizá se haya escapado de la proporcionalidad a fuerza de reformas del Código Penal en la que los partidos del bipartidismo competían en el intento de ser más duros, por el impacto electoral positivo en una sociedad orientada mediáticamente como ha quedado dicho. Pero creo que estos delitos sí deberían castigarse con una especial agravación, sin salir de una racional proporcionalidad. Sólo añadir que mientras, presentándose como los más duros contra los terroristas (pues eso vende), reforman el Código Penal para endurecer penas en los delitos de terrorismo, los delitos de corrupción, otro gran problema en este país han estado intactos, ambiguos y blandos.

Toda esta estrategia excepcional tal vez proceda de nuestros antecedentes autoritarios. Habría que estudiar los métodos franquistas de persecución del terrorismo, compararlos y ver cómo han evolucionado para ver cuánto debe la excepcionalidad presente a los métodos autoritarios practicados durante el régimen.

En el afrontamiento del terrorismo de los autodenominados con aspaviento como demócratas, sin autocrítica, incluso han sacado la excepcionalidad del derecho penal, para llevarla al derecho constitucional, con la Ley de Partidos, que parecía, más que una ley de partidos, una ley para la ilegalización de Batasuna. La ley se aprobó cuando ya se veían indicios de los progresos hacia el abandono de la violencia. Con esa ley ciertamente se habrá contribuido a debilitar en alguna medida al grupo armado, pero a cambio de vulnerar gravemente los derechos de participación política de muchos ciudadanos (derechos de asociación, de reunión, de representación); era un medio de debilitar a cañonazos a una banda terrorista ya debilitada, con unos daños colaterales superiores a los beneficios. A Batasuna por no condenar o apoyar en alguna medida el terrorismo se le ilegaliza y a los partidos que han justificado guerras como la de Irak o Libia y la han apoyado con medios militares sólo manifestaciones pacifistas le insinúan la ilegalización. Eso sólo se entiende porque la aplicación de la ley es parcial y es ejecutada precisamente por quienes han apostado por la excepcionalidad excesiva en el conflicto político vasco.

En la forma de pensar común, lentamente labrada por los medios de comunicación españoles durante décadas, toda esta excepcionalidad abusiva no existe, no aparece en la opinión de los tertulianos. La lucha contra el terrorismo languideciente de ETA todo lo justifica. Pero son hechos y medios excepcionales, de los que sólo se han enumerado unos pocos.

En mi opinión se equivocan quienes niegan que haya un conflicto político bajo la opción armada. Hay una proporción considerable de población vasca que no quiere encajarse en el Estado Español. Está repartida entre varios partidos que tienen diferentes actitudes hacia el terrorismo, gente que lo rechaza frontalmente, gente que no lo entiende, gente que lo comprende en la situación que viven, gente que lo aprueba, gente que lo apoya, gente que se integra. Da la sensación de que progresivamente la asunción del terrorismo como táctica ha perdido presencia.

En mi opinión también se equivocan quienes partiendo del conflicto político afirmado eligen el camino de las armas y los delitos contra otra parte de la población para exigir sus objetivos. Es un error moral en mi forma de pensar, pues pienso que las grandes transformaciones se producen cuando la idea es asumida por las mayorías y no cuando una minoría grande lo exige presionando criminalmente a la parte que no es convencida. Se ha demostrado históricamente como un error político que ha propiciado una autorización popular del bando contrario para usar medios excepcionales que no deberían tener cabida en un estado de derecho.

En esa situación de doble equivocación (negar el conflicto político y apostar dentro del conflicto político por la senda del terror y la vulneración inclemente de derechos), se enquistan las posiciones. Para salir del embrollo tejido durante tantos años de enmarañar, no hay una superior dificultad. Otra cosa es que en las partes haya una libertad de entendimiento como para explorar esa vía.

ETA tiene que cesar en su actividad terrorista, desde luego. Sin contrapartidas, ya que no se puede premiar corregir un grave error. Independientemente de lo que hagan los Estados a los que dirige sus reivindicaciones.

Sin embargo, el Estado Español y sus instituciones deben corregir todos los excesos de su política policial, procesal, penitenciaria y de participación política. No como concesión a los terroristas o como estímulo para que abandonen las armas, sino porque las democracias más puras no utilizarían esos desvíos, usarían medios ordinarios de persecución del delito, con mínimas especialidades. Se debe incluir en esa corrección las vías de solución para el conflicto de nacionalismos que hay en este país, no para que ETA suelte las armas, sino porque amplios sectores en varias regiones demandan esos procedimientos de asociación dinámica a España.

Años atrás, cuando Ibarretxe defendía su plan, la gente de Basta Ya, con Fernando Savater a la cabeza, decía que “Con violencia no es plan”. Creo que ese colectivo con ese argumento ilegitimaba la Constitución Española (que se aprobó en el País Vasco con una abstención muy elevada, del 54% en Guipuzcoa) y el Estatuto, pues fueron aprobados con violencia terrorista a su alrededor. No se pueden diferir las decisiones hasta que haya paz absoluta y mucho menos hacer cargar al soberanismo con la culpa de un terrorismo que desaprueba el soberanismo. Sería como impedir a un grupo socialista la reinvindicación de la jornada de las 35 horas porque haya terrorismo socialista.

Cada sujeto tiene que hacer sus correcciones sin esperar a que el otro mueva ficha, como dicen, porque el terrorismo emana del conflicto político, pero por error. Si ETA abandonara totalmente su actividad terrorista y el Estado Español mantuviese la excepcionalidad, el mundo abertzale debería hacer pacientemente su reivindicación, convenciendo de sus razones al máximo de personas. Si ETA no abandonase su actividad y el Estado limara sus abusos, el Estado podría seguir la prevención y persecución del delito con los medios ordinarios complementados por apoyos internacionales, permitiendo al mundo abertzale hacer sus reivindicaciones y defendiendo a las otras sensibilidades de los posibles ataques de una apuesta violenta.

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Posted in: Política