Proximidad de los presos, un derecho con o sin proceso de abandono de las armas

Posted on octubre 19, 2011

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Cuando alguien comete un delito, se le investiga, juzga y condena a pena de privación de libertad, tiene que ingresar en un centro penitenciario para cumplir con la pena. ¿A dónde mandaría usted a un ladrón, a un vendedor de droga, a un violador, a un asesino, a un terrorista, teniendo en cuenta que la pena no es sólo castigo, sino principalmente reeducación?.

¿Piensa usted que la privación de libertad ya es suficiente castigo y que las instituciones penitenciarias deben hacer el esfuerzo de reinserción social, por lo que la vida de los internos debe organizarse respetando al máximo la dignidad del preso y reeducándolo?. ¿O piensa que un delincuente, sobre todos los violadores y los terroristas, se merecen una prisión lo más penosa posible, con penas extralargas, con la finalidad exclusiva de castigo?. La primera actitud fue la que inspiró el artículo 25.2 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”. Este planteamiento humanitario es aborrecido por una gran parte de la sociedad, sobre todo cuando los presos son violadores o terroristas.

Para hacernos una idea, en España hay unos 75 mil reclusos, unos 154 por cada 100.000 habitantes. En la proporcionalidad entre población reclusa y población general también se nota la idoneidad del modelo social escandinavo ya que esos países tienen menos de 80 reclusos por 100.000 habitantes.

Uno de los derechos que se derivan de la apuesta de la Constitución Española por el principio humanitario de la pena es la relación del preso con el exterior del centro penitenciario, sobre todo con amigos y familiares, como dice el artículo 4 del Reglamento de la Ley Penitenciaria. El artículo 31 del Reglamento de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que “conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso”. Por lo tanto, la autoridad competente para gestionar este principio de facilidad de de relación del preso con el exterior le corresponde a la Administración Penitenciaria. En la Instrucción 9/2007 de clasificación y destino de penados la Dirección General de Instituciones Penitenciarias incluye la determinación del destino en la decisión para fomentar la reinserción.

Por lo tanto, la relación con el exterior (familia) y la aproximación del preso a su familia para facilitar la inserción son dos elementos importantes a tener en cuenta cuando se decide a qué centro penitenciario se envía a un preso. Otras razones dificultarán la persecución de estos principios, como la falta de capacidad de los centros.

Cuando se introduce la cuestión del acercamiento de los presos como moneda de cambio de los gobiernos (el de Aznar, el de Zapatero, el que sea) para una negociación con la banda terrorista ETA, me da la sensación de que se hace juego sucio. A ETA no se le debe otorgar nada por su abandono de la actividad terrorista. Sin embargo, los presos de la banda deberían estar en el País Vasco o en las proximidades por ejecución del principio que se usa con el resto de lo presos.

Ya el legislador penal se ha encargado de aumentar las penas de terrorismo al máximo y el juzgador ha intentado asentar una doctrina jurisdiccional para excepcionalmente alargarlas más allá del criterio con otros presos. Parece excesivo que el administrador penitenciario se adhiera a la tesis de administrar con crueldad las penas a estos presos de una forma especial. El Gobierno cae en este error de integrar la política penitenciaria (que tiene la finalidad reeducadora) en la política antiterrorista (que tiene la finalidad de prevenir, investigar, juzgar y condenar el crimen terrorista). Oigan a Blanco.

En la gestión del problema del terrorismo se han instalado demasiados elementos de excepcionalidad en el Código Penal, en el derecho procesal criminal, en el tratamiento penitenciario, incluso en la participación política (con la ley de partidos políticos), hasta el punto de hacer guerra sucia. Las sociedades acosadas por una amenaza violenta se hacen permisivas hacia la excepcionalidad, pero, ahora que se empieza a ver el final del acoso, sin relacionarlo con un proceso de abandono de la armas, el Estado debería ser lo suficiente maduro como para desmontar el enorme y complejo ordenamiento de excepcionalidad para combatir el terrorismo.

En otros artículos he diagnosticado algunos pasos que se dan en la construcción de un estado neoliberal, imperialista, autoritario, … La pervivencia de todas las normas y prácticas excepcionales es un elemento más de ese estado en construcción.

Denle la oportunidad a la explicación de los familiares de los presos de etarras, que recorren miles de kilómetros para visitar a sus familiares por esta política penitenciaria excepcional contraria a los principios generales. Algunos de los familiares se equivocan en la justificación de la aproximación de presos, pero la reivindicación contiene la legitimidad de los principios que inspiran el derecho penitenciario de estar cerca de familiares y amigos. Sé que este planteamiento es muy desconocido y estigmatizado fuera del País Vasco, pero he escrito el artículo desde un punto muy alejado de ese territorio porque me parece un planteamiento razonable. Deben cumplir su pena por los delitos cometidos, a veces horribles delitos que merecen condena moral (además de la jurídica que ya cumplen), pero el cumplimiento de las penas debe seguir los parámetros establecidos por la evolución del derecho penitenciario a lo largo de la Historia.

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Posted in: Derecho, Política