“La defensa de los derechos humanos” como excusa para el saqueo de Libia (Nacional)

Posted on septiembre 2, 2011

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Zapatero se hizo Secretario General de su partido en 2000, prueba de que el efecto2000 sí tuvo algunos efectos nocivos. No ganó con los votos de Izquierda Socialista, los socialistas que intentan mantener la cordura en un partido que le ha vendido el alma al capitalismo. Ganó con el voto de los balbases. Los balbases eran el grupo de “socialistas” identificados con el urbanismo especulativo. Fueron también los que en 2003 impidiero que PSOE-PSM e IU desplazaran a Esperanza Aguirre del poder.

Zapatero vio su opción de alcanzar la ansiada Moncloa impulsándose en la protesta social. Por eso se subió al carro de la huelga general contra decretazos laborales semejantes a los aprobados en el último año por él, a las manifestaciones contra la LOU, a la indignación contra el Prestige y, sobre todo, al NO A LA GUERRA.

Durante los dos primeros años de su gobierno le duró la gratitud. Ahí se le vieron algunas decisiones que podían despistar. Pero a partir del tercer año ya hizo la reforma regresiva en los impuestos, un aviso a navegantes. Una de cal y otra de arena. Dos años de socioliberalismo: que no recupera el banquete que le pagamos a los ricos, pero que deja caer algunas migajas de la mesa. Por fin llegó el momento en el que su naturaleza sale a relucir. Con la crisis no tiene cama para tanta gente; alguien tiene que dormir fuera; decide que lo mejor es dejar sin cama a los nadies.

Hemos comprobado como hacía todo lo que había condenado: abusar del decreto-ley, hacer reformazos laborales, privatizar, … La guerra de Libia significó arrancarse otras de las caretas tras las que escondió en su ascención que su alma estaba en venta, sin necesidad de grandes pujas, aunque fuera del alcance de las posibilidades de los humildes.

El mayor pacifista de la Historia de la Humanidad colaboró en el emprendimiento de una guerra, como comparsa de líderes a los que debe algo. Justifica la acción en la protección de derechos humanos de los libios, masacrados en su versión, pero también en la democratización de Libia, una excusa de guerras internacionales que no es nueva, pero que sigue fuera de las fuentes del derecho internacional público.

 La responsabilidad de proteger consiste en que si un Estado no cumple con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe intervenir para asumirla. Es un principio humani­tario, la razón por la que estamos interviniendo en Libia, para defender a los ciudadanos de ataques de las propias fuerzas libias.
La Resolución 1973 insiste también en el objetivo de encontrar una solución a la crisis de Libia que responda a las legítimas demandas del pueblo de ese país. Hay que situar además esta decisión de la comunidad interna­cional en un contexto histórico concreto, que se ha calificado de primavera árabe en relación con la situación en el norte de África. Es la apertura de una nueva etapa política en el Mediterráneo que la sociedad española sigue con atención y con esperanza.

Uno de los párrafos con mayor demostración con el transcurso del tiempo ha sido el de negar la expulsión de Gadafi del poder, como alertaba la izquierda.

La Resolución 1973, señorías, no pretendía, ni pre­tende, la expulsión del coronel Gadafi del gobierno de Libia. Su objetivo era advertir al coronel Gadafi y a las autoridades libias de que dejase de usar las armas contra su pueblo, de que si no lo hacía así la comunidad inter­nacional estaba dispuesta a usar la fuerza para poner fin a los asesinatos de su pueblo. Era un compromiso firme. La Resolución 1973 nos obliga a todos los Estados miembros de Naciones Unidas y muchos de ellos, como se ha visto, estábamos y estamos dispuestos a cumplir esta obligación. Hasta ahora, hasta este momento, tres días después del inicio de la operación, ha surtido efecto.
Parece que se han detenido los ataques indiscriminados y eventualmente se ha producido algún repliegue de las fuerzas armadas del régimen libio. Pero el mensaje sigue siendo a día de hoy el mismo: mientras exista el riesgo de que el régimen libio vuelva a atacar a su pueblo se aplicará la fuerza necesaria para impedirlo.

Contrasta totalmente con su declaraciones desvergonzadas y sin maquillaje del 1 de septiembre en la Conferencia de París sobre la nueva Libia: “Creo que la tarea que se ha hecho en estos meses desde la aprobación de la Resolución de la ONU para provocar y forzar el cambio de régimen de Gadaffi hacia un país en libertad ha sido muy positiva“. El presidente confiesa la ilegalidad de la guerra.

Sólo dos años antes de la guerra España intentaba abrir líneas de negocio, en lo que se involucraban vergonzosamente las instituciones, con la Libia de Gadaffi, incluso armas, durante largo tiempo estigmatizada:

Lo importante es cobrar algo y hacer negocios. Para eso acompañan al Rey 15 directivos de empresas como Abengoa, OHL, Indra, Técnicas Reunidas o Iberinco (grupo Iberdrola). Y entre todos, Antoni Brufau, presidente de Repsol, al que Gaddafi puso en la picota el miércoles al amagar con nacionalizar del petróleo. Tras las garantías recibidas del Gobierno libio, a Brufau se le veía ayer muy tranquilo.

Por ejemplo, Repsol reconoció que durante los tres primeros meses de guerra había perdida la extracción de 250 millones de euros. es decir que en la situación anterior a la guerra produciría-exportaría unos mil millones de euros de petróleo libio.

Seguramente descubrieron que el negocio sería más lucrativo cambiando el gobierno, aunque ello tuviese un coste de inversión bélica, unos setenta millones de euros, más de catorce al mes, que pagaremos todos los españoles. Cada español ha puesto casi dos euros para mejorar el negocio a esas empresas a costa de matar a miles de personas y de destruir las infraestructuras del país africano con el mayor índice de desarrollo humano, antes de la Guerra.

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional fue aprobada cuando todavía Zapatero y el PSOE representaban al papel de adalides globales de la paz. En cuanto al control parlamentario de las misiones  de las fuerzas armadas establecen unas normas de procedimiento y otra materiales. En cuanto a las materiales, el artículo 19 establece las condiciones:

Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

  1. Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias.
  2. Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.
  3. Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidasy que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución.

En lo que se ha visto en esta trilogía, el derrocamiento no estaba cobijado en resolución del Consejo de Seguridad alguna y, como se expuso en el artículo de la orientación internacional de la cuestión, el Documento Final de la Cumbre de Mundial de 2005, aprobado en Resolución de la Asamblea General de la ONU, no forma parte de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que la misión (guerra) autorizada por el Congreso de Diputado no tiene soporte. Esta colaboración con las potencias colonialistas podrían constituir delito de lesa humanidad, del artículo 607 del Código Penal.

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Posted in: Política