Estado de excepción en el Sol, sin declaración de amor

Posted on agosto 3, 2011

11



Este gobierno fue pionero en el uso de los estados excepcionales de nuestra Constitución, alarma, excepción y sitio, regulados constitucionalmente en los artículos 55 y 116. Lo hizo con el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte  aéreo. En aquel momento de alarmismo social y estigmatización al máximo del colectivo de controladores aéreos, ya se alertó de los riesgos que suponen para la democracia el uso frívolo del derecho excepcional. Esas voces críticas, como en tantas otras cuestiones no eran muy audibles entre el ruido mediático, apelando al ensañamiento popular contra una “irresponsabilidad absoluta” de los controladores.

Más tarde vino su prórroga. Parecía que se planteaba hacer ordinarias las medidas excepcionales, para resolver un largo conflicto laboral en el que no sólo los trabajadores (con unas condiciones de trabajo muy exigentes y unas retribuciones nada despreciables) tendrían culpas. Esto me recuerda la operación de Libia, excusada en la protección de la población civil ante la inminente masacre gubernamental, y sus prórrogas. Ya van cinco meses.

Ahora este Gobierno, desacreditado, agotado y sin alma, ¡prohíbe la libertad deambulatoria y la libre circulación en una plaza pública! sin declarar el estado de excepción. Este gobierno no ha sido democrático: ganó con un programa paniaguado y ha gobernado con otro programa neoliberal. No ha sido un gobierno moral: Webber les hubiese recomendado que se fueran si la política real le exigía aplicar unos principios en contra de su conciencia. No ha sido un gobierno social: a pesar de las promesas recordaremos al Presidente-que-no-nos-iba-a-fallar como el mayor fraude político a las personas con conciencia de cohesión social, con sus ajustes, reformas del despidos, las pensiones y la negociación colectiva o con sus privatizaciones de aeropuertos, lotería y cajas o con un empecinamiento por no recuperar la progresividad perdida con sus reformas en el sistema fiscal. No ha sido pacificista: su guerra de Libia lo deja certificado y borra del imaginario aquella retirada de tropas para compensar al movimiento NO A LA GUERRA por su elevación a Moncloa.

En el momento actual, ante un movimiento de participación ciudadana que respeta escrupulosamente la convivencia pacífica de los españoles, suspende un derecho constitucional de libre movimiento y circulación en un espacio público. Lean lo que dice el artículo 21 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Uno. Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 19 de la Constitución, la Autoridad Gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir.

Eso es lo que se está haciendo sin declaración. Este comportamiento incumple los requisitos de la Constitución y la Ley. Primero, materialmente, porque “el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los Servicios Públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público” no ha resultado tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Segundo, porque formalmente no se ha solicitado autorización al Congreso, ni se ha prestado, ni se ha declarado el estado por el Gobierno.

No cabe en la Constitución una suspensión de este derecho fundamental fuera de la declaración de los estados de excepción y sitio por tiempo indefinido como es el caso, de una forma tan gratuita. La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana establece la posibilidad de limitar la libre circulación, pero sólo en tiempo imprescindible para la recuperación del orden, la convivencia pacífica o la seguridad ciudadana. No es autoritarismo con abuso de ley como la declaración del estado de alarma en el conflicto laboral con los trabajadores, sino autoritarismo fuera de la ley.

En mi opinión habría que judicializar este comportamiento, por ejemplo comunicando a la Delegación del Gobierno en Madrid la celebración de manifestaciones en Sol. Si se prohibiesen, se podría recurrir la decisión gubernamental y se podría poner en manos de los jueces este comportamiento autoritario. También se podría denunciar ante fiscalía o ante los órganos judiciales penales, pues se trata de la impide el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución (artículo 542 del Código Penal).

Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

Hasta ahora se han usado la estrategia de la movilización social para la reconquista de la plaza, que es tanto como ponerle fin al estado de excepción y a la gestión autoritaria de la indignación popular, o la petición de dimisión (de la Delegada del Gobierno o del Ministro. Izquierda Unida ya ha pedido la comparecencia del Ministro en el Congreso) mediante manifiestos, pero habría que explorar las otra vías de responsabilidad administrativa y penal. Quizá ya ocurra y yo no me haya enterado. Si alguien sabe de alguna iniciativa, puede informar con los comentarios.

#Nopararemos. #Plazatomada. #Madridsinmiedo.

Anuncios
Posted in: Derecho, Política