La reforma antisocial y antidemocrática de la Constitución en el péndulo de la Historia

Posted on julio 21, 2011

11



Se ha escrito mucho sobre la reforma de la Constitución para la introducción de los principios de estabilidad financiera y prioridad de pago a los acreedores, sin convocar a referéndum frente a la obvia oposición social que se ha manifestado. No se puede añadir mucho. En este artículo, el día de la toma en consideración y acuerdo de aprobarlo en lectura única, he querido dar una perspectiva histórica al evento, como la Constitución se aprueba cuando la socialdemocracia y el socialismo empiezan a retroceder y recibe la inspiración de décadas de socialdemocracia europea, que se mezclan con los valores llegados del Régimen. En este sentido, la reforma de ahora es hija de otro tiempo en el que se impone el neoliberalismo, manifestado claramente en el Pacto del Euro, que está en el origen de esta reforma. En el análisis jurídico se ha querido explicar cómo opera jurídicamente la elevación a rango constitucional del principio, bloqueando a futuros gobiernos que llegasen con ideologías no neoliberales. También se ha querido mostrar otros objetivos del neoliberalismo, complementarios del principio de estabilidad financiera, para contextualizar la medida. Finalmente se hace un ejercicio de optimismo.

I. Historia de las reformas constitucionales en España. De la democracia social al neoliberalismo

Nuestra Constitución Española de 1978 se elaboró cuando la socialdemocracia había alcanzado su cénit. En esa década ya se habían producido varios golpes de estado reaccionarios en América Latina, entre los que destaca el Augusto Pinochet en Chile. En los años siguientes se produce el ascenso de Margaret Thatcher en el Reino Unido o de Ronald Reagan en los Estados Unidos. La llegada de todos estos gobiernos son el indicador de la ofensiva neoliberal después de unas décadas de tregua entre clases.

Nuestra Constitución Española, con sus insuficiencias en representatividad electoral, democracia participativa, integración no federal de territorios, forma monárquica del Estado, rigidez en la reforma, … se nutre de muchos valores de progreso acumulados en la trayectoria del constitucionalismo europeo en las décadas anteriores. Había fuerzas de continuismo franquista y fuerzas de ruptura democrática, pero la transacción dejó muchos principios propios de las democracias sociales europeas. Dentro de ese marco constitucional, las opciones legislativas de los partidos gobernantes han sido muchas veces conservadoras o neoliberales infrautilizando las oportunidades progresistas que ofrece, pero el texto constitucional daba la posibilidad e incluso exigía una sociedad más democrática, cohesionada, aconfesional, con intervención económiva y sector público, con fiscalidad progresiva, …

Hasta el 7 de julio de 1992 nunca llegó al Congreso de Diputados una proposición de reforma constitucional. Con motivo del Tratatado de Maastricht los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 13.2: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. Con ello, los extranjeros afectados, sobre todo los de la Unión Europea, no sólo prodrían participar en elecciones municipales con derecho de voto sino también con derecho a ser elegidos.

La sencilla reforma consistía en añadir el texto en negrita. Fue votada a favor por 332 diputados. No asistieron 16 diputados. El representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Nicolás Sartorius, resaltó el consenso unánime y manifestó su satisfacción por la profundización demorática. El consenso era tan fuerte que no se pidió referéndum.

En la siguiente legistatura hubo dos proposiciones de reforma constitucional del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, apoyado en una ocasión por el Grupo Parlamentario Mixto. Estas proposiciones incidían nuevamente en el artículo 13.2 de la Constitución: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. Se trataba de anular el principio de reciprocidad para mejorar la participación de extranjeros de países que no permitan el derecho de sufragio, activo (votar) y pasivo (ser elegible), a españoles. En las últimas elecciones se ha hecho alguna mejora en los derechos de participación en elecciones municipales de extranjeros residentes con estabilidad en municipios españoles, pero muchos extranjeros no se han visto beneficiados por la persistencia de ese criterio de reciprocidad.

En las siguientes legislaturas, las reformas constitucionales se convirtieron en tema tabú. El Presidente de Gobierno con las mayorías del Partido Popular veía con malos ojos cualquier concesión a la modificación constitucional, en su enfrentismo con los nacionalismos durante los años del Pacto de Lizarra y el Plan Ibarretxe.

En el afán de distinguir perfiles dentro del bipartidismo, el entonces Secretario General y candidato del Partido Socialista Obrero Español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, se mostraba flexible a la reforma constitucional. Incorporó en su programa las consabidas reformas de la sucesión de la Corona para igualar derechos entre sucesores y sucesoras; de la mención de las Comunidades Autónomas derivadas del proceso de construcción del Estado Autonómico; para explicitar la cesión de soberanía a Europa desde 1986 y el rediseño del Senado, para que se convirtiera en una cámara más territorial.

Pese a las promesas, nunca se llevó a las Cortes las proposiciones de reforma constitucional, amparándose en la falta de consenso.

Por fin, hoy, día 23 de agosto de 2011, en la sesión del Congreso de Diputados, en la que ha comparecido el Presidente del Gobierno para hacer su enésima explicación de reformas, privatizaciones y recortes sociales, se ha avisado de una futura proposición de reforma constitucional para establecer constitucionalmente un límite de déficit público. Este anuncio se deduce del Pacto del Euro, un texto que deberíamos estudiar profundamente, pues contiene el programa neoliberal europeo, y de las reuniones entre Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, en las que habían convenido en la necesidad de poner esos límites dentro de los textos constitucionales, constitucionalización de uno de los dogmas del neoliberalismo. Dice el Pacto del Euro.

Los Estados miembros de la zona del euro se comprometen a traducir las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en legislación nacional. Los Estados miembros seleccionarán el vector jurídico nacional que se emplee, pero se asegurarán de que posee un carácter vinculante y duradero suficientemente sólido (por ejemplo, constitucional o de ley  marco). La formulación exacta de la norma también será decidida por cada país (podría tener, por ejemplo, la forma de un “freno del endeudamiento”, una norma relacionada con el equilibrio primario o una norma de gasto), si bien deberá asegurar la disciplina presupuestaria tanto en el nivel nacional como en el subnacional. La Comisión tendrá la oportunidad, dentro del pleno respeto de las prerrogativas de los parlamentos nacionales, de ser consultada sobre la norma presupuestaria precisa antes de su adopción, a fin de asegurarse de que es compatible con la normativa de la UE y la apoya.

El texto de este documento europeo y las presiones del líder franco-alemán son traducidas por Zapatero en su anuncio de reforma, en un debate parlamentario de convalidación de un Decreto Ley más:

“El camino está trazado, y cabe confiar en que el Gobierno que salga de las urnas a   finales de año, sea del signo que sea, continúe transitándolo en esa dirección. Precisamente, como entiendo que esta es una decisión estratégica de calado, estructural y no coyuntural, y muy mayoritariamente asumida por la sociedad española y por sus representantes, deberíamos estar en condiciones de trasladarla a nuestra Constitución, como están haciendo o planteándose hacer otras grandes economías europeas. El sentido de esta iniciativa es idéntico en todos los casos que ya se han anunciado. Implica reforzar el compromiso con las necesidades del proceso de consolidación definitiva de la unión económica y monetaria y significa también un paso relevante para fortalecer la confianza de la estabilidad a medio y largo plazo en la economía española. Señorías, se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas.

Estoy convencido de que tratándose como se trata de una reforma constitucional, lo mejor sería adoptarla no solo con todo el consenso imprescindible, sino con todo el consenso posible, y hacerlo con esta voluntad desde el principio mismo del procedimiento. Nada mejor para ello que hacerlo a partir de una iniciativa parlamentaria. No obstante, debo decir que he consultado ya la posibilidad de formalizar esta iniciativa con el líder del principal partido de la oposición y con el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Considero que es factible llegar a ese acuerdo de reforma constitucional, e invito a los dos grupos mayoritarios y a los demás grupos de la Cámara a que lo concreten en una proposición de ley de reforma que pudiera ser aprobada de inmediato”.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, tantas veces renuente las proposiciones del Gobierno, acepta esta propuesta, presumiendo de haberla reclamado tiempo ha. Se observa la pinza que opera en la mayoría de las acciones de recorte social. Por supuesto, Convergencia i Unio también se suma a la fiesta, como defensor más rotundo del neoliberalismo en nuestro país.

Si la Constitución nació en lo alto de la meseta de la democracia social, en la pendiente descendente de los países europeos sólo cabe esperar reformas regresivas. Esta reforma constitucional es la comprobación de que el neoliberalismo quiere legalizar al más alto rango sus principios. Con una norma así, un gobierno díscolo con el fundamentalismo ultraliberal debería conseguir un apoyo social muy extenso para derribar la obra neoliberal o verse sometido a la camisa de fuerza con la que el psiquiatra neoliberal quiere aplacar cualquier locura de sociedades futuras.

II. La introducción de principios neoliberales en la Constitución sin referéndum 

En nuestra constitución, sólo los diputados, senadores, Gobierno y Comunidades Autónomas pueden presentar proposiciones de reforma constitucional. No hay una iniciativa reformista-constitucional popular. Es uno de esas agendas políticas reservadas a los partidos de nuestro sistema políco.

Una vez alguno de los legitimados para proponer la reforma ejerza, los Reglamentos establecen el procedimiento para debatir el texto. En el caso de reforma actual, quieren elegir el procedimiento legislativo de lectura única, el método express.

Finalmente, para la aprobación hay dos modalidades de reforma constitucional. Una es más rígida y afecta a la unidad de la nación, las lenguas oficiales, la bandera, la capital, los partidos, los sindicatos, las fuerzas armadas, algunos principios jurídicos, los derechos fundamentales y libertades públicas, a la Corona. A los republicanos nos extrañará ver a la Monarquía tan protegida como los derechos fundamentales. Para cualquier modificación en estas cuestiones se exige una aprobación por las dos Cámaras (Congreso y Senado) con dos tercios. Después se disolverían las Cortes y las dos renovadas Cámara deberían confirmar el texto con otros dos tercios. Además, despúes de la doble aprobación parlamentaria, se tendría queratificar en referéndum preceptivo, o sea, obligatorio. Esta parte de la Constitución se puede considerar rigidísima.

Sin embargo, el resto de la constitución está sometida a una menor rigidez, aunque las mayoría exigidas son más elevadas que las que se requieren para la legislación ordinaria u orgánica: sólo hace falta una aprobación por tres quintos de cada Cámara (60% frente al 66% de la otra modificación) o los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado, en caso de discrepancia entre las dos Cámaras (prevalece el Congreso, a lo que se llamó bicameralismo asimétrico); sólo se tiene que aprobar una vez, sin disolución de Cortes; el referéndum es facultativo, tienen que solicitarlo 35 diputados o 26 senadores, número inalcanzable si se activan los mecanismos de disciplina en los grupos parlamentarios mayoritarios.

Huelga decir, quise mencionar la palabra huelga en este escrito, que los ciudadanos no tienen en nuestra Constitución el derecho de promover referendos. También esta forma de participación política está cerrada con candado partitocrático.

Yendo a lo material, quieren modificar el texto actual del artículo 135, que dice:

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El texto que se propone es el siguiente:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

En esta época la mujer del César no sólo debe ser neoliberal, sino que además debe parecerlo. En la primera propuesta del Ministerio de Economía se establecía en concreto la cifra del 0,40%; recordemos que el Tratado de Maastricht establecía el 3%; la cláusula de estabilidad en la Constitución Alemana lo fija en 0,35. El hecho de no precisar el porcentaje da la razón a quienes han manifestado, como el economista crítico Juan Torres, que la cantidad es menos importante que el hecho de establecer el principio neoliberal en las Constituciones, como si fuera un principio científico más que ideológico, vinculante constitucionalmente hasta para los gobiernos contrarios a ese principio. Si no se determina el coeficiente en la Constitución, se rebajan las mayorías parlamentarias necesarias para variarlo, ya que, si se concretara en la Constitución, sería necesaria un consenso de dos tercios en las dos Cámaras para modificarlo y, si se establece en Ley Orgánica, sólo sería necesaria una mayoría de mitad de sólo el Congreso para su ajuste. En esa ley sí hay propósito de detallar el ,040 a partir del año 2020.

El principio se impone a todas los poderes públicos territoriales, por lo que el fundamentalismo del déficit cero se le impone a cualquier gobierno futuro que no tenga esta fe, pero también a aquellos territorios donde puede surgir una mayoría que valore que el déficit puede ser un instrumento más en la consecución de sociedades con mayor progreso.

Algunas personas me han preguntado qué ocurriría si un gobierno incumple con este mandato de estabilidad. La respuesta en Derecho no es matemática, pero seguramente la Ley General de Presupuestos que incumpla la directriz podría ser controlada en el Tribunal Constitucional. La disposición adicional única del texto de la reforma mandata al legislador a establecer mecanismos para la eficacia del nuevo precepto. Siempre habrá desde luego un reproche (petición de corrección, de dimisiones, de anticipos electorales)de los partidos creyentes en el principio hacia gobiernos que eventualmente incumplan, a lo que se llama responsabilidad política.

Además de rebaja de las mayorías necesarias para especificar la cantidad de déficit permitido sacándo esta decisión de la Constitución, se establecen razones de flexibilidad: catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria. No sólo se instala el principio neoliberal de la estabilidad financiera pase lo que pase, sino que ¡el pago de intereses y capital de la deuda tiene PRIORIDAD ABSOLUTA antes que las infraestructuras, la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda!.

Por lo tanto, en la modificación que se les ha metido en la cabeza a los partidos neoliberales del parlamento, casi todos (con las excepciones honrosas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Ezquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai), no hay obligación de consulta popular. Los partidos mayoritarios podrían hacer un ejercicio elegante de democraticismo, apoyando un referéndum, pero esas esperanzas que tenemos algunos les vienen grandes en la situación política que vivimos. Sólo los partidos mayoritarios tienen el 92% de los diputados. Aquel talante y aquel presumir de demócrata de algún político eran apariencias de otras época.

Ahora abundan las formas autoritarias (de imponer, de sacar adelante con consensos parlamentarios mínimos y con una movilización social sin precedentes, con prisas, contra los programas electorales (como si ganar unas elecciones y una investidura dieran un cheque en blanco), de disolver manifestaciones indebidamente, de cerrar plazas inconstitucionalmente, de consentir la violencia policial y la detención de amedrentamiento) disfrazadas de responsabilidad histórica. Ahora ni siguiera permiten que las Cortes debatan un reforma constitucional por el procedimiento legislativo habitual, de enmiendas, debate, trabajo en comisión, en pleno. Tienen impaciencia y premura y encauzará la tramitación por el procedimiento de lectura única del artículo 150 del Reglamento del Congreso y 129 del Reglamento del Senado.

Contra esta actitud impositiva bulle la red. Las redes sociales han vuelto a ser el lugar de desahogo de una ciudadanía cansada de los designios mercatocráticos del gobierno. En una s se han recogido más de 120.000 firmas en Actuable. La etiqueta #yoquierovotar (en el referéndum que no quieren convocar) de Twitter ha sido uno de los principales temas de la red. De la red han salido hacia la calle algunas manifestaciones. Sin saberlo, el #19J nos estábamos manifestando contra esta reforma todavía no anunciada, ya que deriva del Pacto por el Euro. Para empezar el #28A ya llevó a la calle a miles de personas que se oponen a la reforma neoliberal y a los procedimientos poco democráticos. Para el martes #6A de septiembre han convocado una manifestación los sindicatos.

La sociedad que ha identificado la gravedad del ataque de los bancos, grandes empresas, grandes fortunas, grandes partidos, grandes medios de comunicación están tejiendo la red de resistencia a estos cambios. Depende de la fuerza que podamos arrimar todos a esta causa… el futuro durante décadas de nuestra sociedad.

III. Estado neoliberal, autoritario y sin derechos: una constitución en construcción

Siempre se ha considerado que la limitación inflexible del déficit público es una medida neoliberal. Es una medida asociada en la realidad a la disminución de los impuestos progresivos (renta, patrimonio, sucesiones), a la pereza estatal en la persecución del fraude fiscal de las grandes empresas, que están detrás las presiones a los gobiernos para que cedan y detrás de los medios de comunicación para que los ciudadanos estén distraídos mientras le roban la salud, la educación, el techo, …

El descenso de los ingresos por la vía del perdón de impuestos a las rentas más altas dificulta obviamente el trabajo de un gobierno a la hora de prestar buenos servicios a su pueblo o o de mejorar en la integración social. Hubo una década en la que había reformas fiscales (Solchaga, Rato, Solbes) regresivas, altas tasas de fraude y evasión fiscal, en la que no se notó el problema porque un superendeudamiento privado sostenía una actividad económica (construcción y especulación con los precios de la vivienda) envidiada por todos los países y la recaudación (con impuestos bajos a ricos y fraude) era alta. Pero esa década no podía durar eternamente, ya quince-dieciséis años transgredían normas de las matemáticas, pues las tensiones de la expansión del crédito privado provocarían una explosión cuando la bola de nieve no se mantuviese esférica y los crédito más arriesgados fuesen impagados.

Si los ingresos han disminuido porque los ricos no contribuyen, el endeudamiento privado ya no puede sostener la actividad económica y generar recaudación, la sociedad precisa de una inyección de inversión pública que exige acometer grandes gastos… el desequilibrio financiero público brilla como la codicia insaciable de quienes adivinan la oportunidad. La sociedad necesita la intervención estimuladora del Estado y el Estado sólo tiene la fórmula de incurrir en déficit, pues los ricos y las empresas no quieren compartir las migajas de su lujo con impuestos. El déficit es la única fórmula, en esta teoría en la que no escapamos de la exigencia del crecimiento económico, que se le ofrece a los gobiernos sin política monetaria ni tributaria para mantener servicios y para relanzar la economía. A veces los gobiernos con sus ideologías ya se autolimitan y no se atreven a cometer déficits financieros, acuciados también por medios, “mercados” e instituciones.

La reforma constitucional anunciada hoy supone obligar que el consenso del bipartidismo obliga en el futuro a todos los legisladores que hagan los presupuestos, los gobiernos que los propongan, los gobiernos que los ejecuten a no hacer déficits de ninguna forma, haya posibilidades de endeudamiento o no, haya necesidad de déficit o no. Un corsé que impedirá a los gobiernos sin recursos tributarios o monetarios el estímulo de sus economías famélicas. Para quitarse esta camisa de fuerza un partido de igualdad y justicia social debería encender a una gran mayoría del pueblo, capaz de derribar los muros de esta prisión asfixiante. Todos sabemos lo difícil que es conseguir ese despertar tan extenso.

El monstruo que promueve este principio y la grabación del valor en la Constitución, podría igualmente promocionar laconstitucionalización de que los impuestos sólo los paguen las personas físicas con rentas menores a 50.000 euros o con consumos que no sean de lujo. Sería otro principio muy necesario para la instauración de un neoliberalismo inflexible y de largo recorrido. Por supuesto, si se aprueba la eliminación de cualquier impuesto a ricos y grandes empresas no será precisa la constitucionalización del derecho de trasladar los dineros a paraísos fiscales. Se cumpliría mi profecía de que el cielo es sólo para los ricos.

Otros principios fundamentales en la constitucionalización del neoliberalismo sería la privatización total de cualquier empresa en manos de las instituciones públicas y cualquier servicio público (nos han insistido sufientemente en la ineficiencia de la gestión pública como para convencernos y nos han explicado perfectamente que si las (mal)vendemos podremos disminuir la deuda pública). El sueño capitalista de que la salud y la educación se conviertan en una mercancía, se vería al fin cumplido. Un estado mínimo en el que no los ricos no tengan que pagar impuestos y en el que el estado no compite con los carroñeros en la dispensa de servicios.

La libertad del movimiento de capitales también debería estar constitucionalizada, no sea que alguna vez a algún estado se le ocurra impedir que su deuda pública o los valores de sus empresas estratégicas caigan en manos de indeseables especuladores, que no vienen tranquilamente a obtener la rentabilidad que ofrezca la acción, la letra, el bono o la obligación, sino a comprar-vender-vender-comprar compulsivamente para sacar tajada.

Pero en la constitucionalización del neoliberalismo hay que profundizar en la no representatividad en la ley electoral y la penalización de las voces disensuales, en el bipartidismo político que se opone al pluralismo y a cualquier tentación social de elegir una opción antineoliberal, en la estigmatización de voces críticas y en la ilegalización de partidos críticos con el sistema, en la represión del derecho de manifestación, en la conversión de los medios de comunicación en medios de embobamiento, en la eliminación del habeas corpus para que la detención intimidatoria sea un arma eficaz, en la negativa de promover referendos desde la sociedad cuya voz a nadie importa, en el mantenimiento de la monarquía florero, … Una sociedad con una democracia raquítica con pronóstico de mayor degradación… con tendencias a un dictadura blanda que puede endurecerse con el transcurrir del tiempo. Canataba Silvio Rodríguez que “hacia el porvenir partieron sombras”, pero también han partido las luces que pueden encender el futuro…

IV. Nada está perdido si despertamos de la larga noche neoliberal

La ofensiva actual del neoliberalismo no tiene precedentes. Las décadas de silenciosas reformas fiscales y laborales o de privatizaciones han sido sustituidas por una nueva era de prisa por la conquista del máximo. Pero puede ser precisamente la época en la que toquemos el fondo, entendamos de forma generalizada lo que ocurre, nos organicemos, nos rebelemos y reclamemos un mundo mejor que el que teníamos antes de los hurtos sigilosos y de los robos a la luz del día. Un mundo para todos, no solo para occidentales, un mundo sin graves contradicciones con el medio ambiente.Las viejas izquierdas y los nuevos movimientos sociales tenemos el reto de partir de la situación de ahora para atraer a esta causa a quienes “ven a la telenovela y por eso no miran pafuera”. Quisiera concluir con versos de Fito Paez:

Quién dijo que todo está perdido
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Tanta sangre que se llevo el río
Yo vengo a ofrecer mi corazón

No será tan fácil ya sé qué pasa
No será tan útil como pensaba
Como abrir el pecho, y sacar el alma
Una cuchillada de amorLuna de los pobres siempre abierta
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Como un documento inalterable
Yo vengo a ofrecer mi corazón

Y uniré las puntas de un mismo lazo
Y me iré tranquilo, me iré despacio
Y te daré todo, y me darás algo
Algo que me alivie un poco más

Cuando no haya nadie cerca o lejos
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Cuando los satélites no alcancen
Yo vengo a ofrecer mi corazón

Y hablo de países y de esperanzas
Y hablo por la vida, hablo por la nada
Y hablo de cambiar esta nuestra casa
De cambiarla por cambiar nomás

Quién dijo que todo está perdido

Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo soy un pesimista con el tiempo histórico presente, pero practico el optimismo de actuar moral e infatigablemente a favor de un renacimiento de los valores. Puede ocurrir que la acción ilusionada o responsable de muchos en sumando construyan una oportunidad imparable en un mágico instante de constelación de sueños. Tengamos al menos esa esperanza. La revancha de los valores solidarios se acerca.

En un artículo sobre las posibilidades de colaboración, cooperación, coordinación entre fuerzas sociales de izquierda, incluyendo al #15M. Jornadas como la del #6S pueden contribuir a crear ese ambiente cordial en el que sindicatos, partidos y movimientos sociales encuentren la hermandad que exigen las circunstancias actuales de ofensiva desatada del neoliberalismo.

Anuncios