Historia de las reformas constitucionales en España. De la democracia social al neoliberalismo

Publicado en agosto 23, 2011

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Artículo histórico-político de una trilogía sobre la reforma constitucional. Hay dos artículos más en el blog con perspectiva económico-política y jurídico-política. Además, puedes consultar el texto y escuchar el audio en esta otra entrada.

Nuestra Constitución Española de 1978 se elaboró cuando la socialdemocracia había alcanzado su cénit. En esa década ya se habían producido varios golpes de estado reaccionarios en América Latina, entre los que destaca el Augusto Pinochet en Chile. En los años siguientes se produce el ascenso de Margaret Thatcher en el Reino Unido o de Ronald Reagan en los Estados Unidos. La llegada de todos estos gobiernos son el indicador de la ofensiva neoliberal después de unas décadas de tregua entre clases.

Nuestra Constitución Española, con sus insuficiencias en representatividad electoral, democracia participativa, integración no federal de territorios, forma monárquica del Estado, rigidez en la reforma, … se nutre de muchos valores de progreso acumulados en la trayectoria del constitucionalismo europeo en las décadas anteriores. Había fuerzas de continuismo franquista y fuerzas de ruptura democrática, pero la transacción dejó muchos principios propios de las democracias sociales europeas. Dentro de ese marco constitucional, las opciones legislativas de los partidos gobernantes han sido muchas veces conservadoras o neoliberales infrautilizando las oportunidades progresistas que ofrece, pero el texto constitucional daba la posibilidad e incluso exigía una sociedad más democrática, cohesionada, aconfesional, con intervención económiva y sector público, con fiscalidad progresiva, …

Hasta el 7 de julio de 1992 nunca llegó al Congreso de Diputados una proposición de reforma constitucional. Con motivo del Tratatado de Maastricht los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 13.2: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. Con ello, los extranjeros afectados, sobre todo los de la Unión Europea, no sólo prodrían participar en elecciones municipales con derecho de voto sino también con derecho a ser elegidos.

La sencilla reforma consistía en añadir el texto en negrita. Fue votada a favor por 332 diputados. No asistieron 16 diputados. El representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Nicolás Sartorius, resaltó el consenso unánime y manifestó su satisfacción por la profundización demorática. El consenso era tan fuerte que no se pidió referéndum.

En la siguiente legistatura hubo dos proposiciones de reforma constitucional del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, apoyado en una ocasión por el Grupo Parlamentario Mixto. Estas proposiciones incidían nuevamente en el artículo 13.2 de la Constitución: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. Se trataba de anular el principio de reciprocidad para mejorar la participación de extranjeros de países que no permitan el derecho de sufragio, activo (votar) y pasivo (ser elegible), a españoles. En las últimas elecciones se ha hecho alguna mejora en los derechos de participación en elecciones municipales de extranjeros residentes con estabilidad en municipios españoles, pero muchos extranjeros no se han visto beneficiados por la persistencia de ese criterio de reciprocidad.

En las siguientes legislaturas, las reformas constitucionales se convirtieron en tema tabú. El Presidente de Gobierno con las mayorías del Partido Popular veía con malos ojos cualquier concesión a la modificación constitucional, en su enfrentismo con los nacionalismos durante los años del Pacto de Lizarra y el Plan Ibarretxe.

En el afán de distinguir perfiles dentro del bipartidismo, el entonces Secretario General y candidato del Partido Socialista Obrero Español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, se mostraba flexible a la reforma constitucional. Incorporó en su programa las consabidas reformas de la sucesión de la Corona para igualar derechos entre sucesores y sucesoras; de la mención de las Comunidades Autónomas derivadas del proceso de construcción del Estado Autonómico; para explicitar la cesión de soberanía a Europa desde 1986 y el rediseño del Senado, para que se convirtiera en una cámara más territorial.

Pese a las promesas, nunca se llevó a las Cortes las proposiciones de reforma constitucional, amparándose en la falta de consenso.

Por fin, hoy, día 23 de agosto de 2011, en la sesión del Congreso de Diputados, en la que ha comparecido el Presidente del Gobierno para hacer su enésima explicación de reformas, privatizaciones y recortes sociales, se ha avisado de una futura proposición de reforma constitucional para establecer constitucionalmente un límite de déficit público. Este anuncio se deduce del Pacto del Euro, un texto que deberíamos estudiar profundamente, pues contiene el programa neoliberal europeo. y de las reuniones entre Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, en las que habían convenido en la necesidad de poner esos límites dentro de los textos constitucionales, constitucionalización de uno de los dogmas del neoliberalismo. Dice el Pacto del Euro.

Los Estados miembros de la zona del euro se comprometen a traducir las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en legislación nacional. Los Estados miembros seleccionarán el vector jurídico nacional que se emplee, pero se asegurarán de que posee un carácter vinculante y duradero suficientemente sólido (por ejemplo, constitucional o de ley  marco). La formulación exacta de la norma también será decidida por cada país (podría tener, por ejemplo, la forma de un “freno del endeudamiento”, una norma relacionada con el equilibrio primario o una norma de gasto), si bien deberá asegurar la disciplina presupuestaria tanto en el nivel nacional como en el subnacional. La Comisión tendrá la oportunidad, dentro del pleno respeto de las prerrogativas de los parlamentos nacionales, de ser consultada sobre la norma presupuestaria precisa antes de su adopción, a fin de asegurarse de que es compatible con la normativa de la UE y la apoya.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, tantas veces renuente las proposiciones del Gobierno, acepta esta propuesta, presumiendo de haberla reclamado tiempo ha. Se observa la pinza que opera en la mayoría de las acciones de recorte social. Por supusto, Convergencia i Unio también se suma a la fiesta, como defensor más rotundo del neoliberalismo en nuestro país.

Si la Constitución nació en lo alto de la meseta de la democracia social, en la pendiente descendente de los países europeos sólo cabe esperar reformas regresivas. Esta reforma constitucional es la comprobación de que el neoliberalismo quiere legalizar al más alto rango sus principios. Con una norma así, un gobierno díscolo con el fundamentalismo ultraliberal debería conseguir un apoyo social muy extenso para derribar la obra neoliberal o verse sometido a la camisa de fuerza con la que el psiquiatra neoliberal quiere aplacar cualquier locura de sociedades futuras.

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